EN VIVO

EN VIVO

Sobrevivir al feminicidio en un Estado que no protege a las mujeres

Compartir:

Ella pensó que esa noche moriría. La vivienda retumbaba con cada golpe que aquel hombre daba al portón con la intención de derribarlo para entrar.

- ¡Te quiero matar! - le gritaba el hombre mientras continuaba golpeando los hierros y sostenía en una de sus manos un machete.

Los gritos de la mujer, a quien llamaremos Rosa, ponían el ambiente tenso. Su respiración era rápida y sus palpitaciones también y aumentaban a medida que los golpes hacían vibrar hasta la última lámina de zinc de su vivienda en Ciudad Darío, Matagalpa, a 95 kilómetros al noreste de Managua, la capital nicaragüense.

Lo narrado por Rosa es solamente uno de muchos episodios de violencia que vivió a manos de su expareja, a quien llamaremos Carlos por seguridad de Rosa y sus hijos. 

El inicio siempre “es lindo”

Rosa conoció a Carlos en 2002 y vivieron catorce años de relación conyugal. “Al inicio todo fue lindo. Íbamos a la iglesia, pero después todo le molestaba, todo era mi culpa”, cuenta Rosa, quien añade que los últimos años fueron los más complicados.

“Cuando empezamos yo lo miraba que tenía un carácter fuerte, todo le molestaba. Mi primera hija era chiquita y a él no le gustaba que estuvieran los juguetes regados en la casa. Él trabajaba muy poco, a veces dejaba a mi niña chiquita con él. Se mantenía muy inactivo”, relató Rosa.

No obstante Carlos trabajó un tiempo cuando se fueron a vivir juntos, pero posteriormente perdió el empleo y se acomodó en la casa sin buscar nuevas oportunidades. Rosa le empezó a reclamar y decidió buscar nuevos trabajos.

Hasta ese momento, la violencia solo era verbal. Pero, un día, luego de una extensa jornada laboral, Rosa regresó a su casa y al momento de encender la cocina para preparar la cena, sintió un duro golpe en su espalda.

“Me tiró una paila pesada. Gracias a Dios no me dio en la cabeza. Lo recuerdo bien, ese fue el primer episodio de violencia física”, relató.

Tiempo después le pidió perdón, pero la violencia física fue escalando. Un día, Carlos le pidió a Rosa que comprara en la pulpería una bujía (foco) para reemplazar una que se había fundido en la sala de la casa. Cuando Carlos se dispuso a cambiarla, notó que estaba desprendida y culpó a la mujer del desperfecto.

“Se bajó con la bujía en la mano, caminó hacia la cocina y desde ahí me la tiró. La bujía cayó en la pared, se quebró y me llegó el chingaste de vidrios. Esas son algunas de las cosas que viví con ese hombre, pero fueron muchas más”, relata.

- ¡Perdóname!, no va a volver a pasar. Vamos a regresar a la iglesia al camino de Dios-, repetía Carlos después de haberla agredido. Rosa lo perdonaba, pero el ciclo de violencia se repetía.

El último acto de violencia fue un encierro y amenazas de muerte con machete en mano.

- ¡Si te movés te mato! - le decía el furibundo hombre, apuntando a Rosa y a su hija menor. “Gracias a Dios se calmó y pude salir de ahí”, cuenta Rosa con lágrimas en los ojos.

En 2016, Rosa no aguantó más y decidió irse de la casa junto a sus tres hijos, catorce años después de haber iniciado su relación con Carlos. Con una mochila, poca ropa y sin ningún mueble se fue donde su mamá.

La violencia de Carlos no paró ahí. Enviaba a conocidos a vigilar a Rosa, el hostigamiento era frecuente. “Se puso de caprichoso y quería que regresara con él. Me andaba vigilando para saber si yo andaba con otra persona”, cuenta Rosa.

La violencia e impunidad, un problema estructural de la sociedad

Rosa logró sobrevivir de la violencia, pero muchas mujeres no lo han logrado. En lo que va de 2021, según datos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir 51 mujeres han sido asesinadas.

Aunque el Estado de Nicaragua no contabiliza los femicidios, entre 2010 y 2021 los registros extraoficiales revelan que 767 mujeres han sido víctimas de femicidios dejando alrededor de 573 menores de edad en la orfandad.

Organizaciones feministas y especialistas en derechos humanos aseguran que el incremento en la violencia hacia la mujer está determinado por el contexto a raíz de abril de 2018, las excarcelaciones de reos de alta peligrosidad, impunidad, la falta de acceso a la justicia y el agravamiento de la crisis económica.

La situación se agudizó desde abril de 2018, cuando inició la crisis sociopolítica que luego se mezcló con la crisis sanitaria del Covid-19 en 2020. Esto ha dejado en evidencia la profundización de la violencia de género, a criterio de la feminista Mirna Blandón Gadea, dirigente del Movimiento Feminista de Nicaragua (MFN)

“Agresores, violadores y femicidas están siendo liberados sin cumplir sus condenas. Son pocos los casos en que son encarcelados y enjuiciados. Existe un incremento en la inseguridad ciudadana que tiene graves repercusiones sobre las niñas y adolescentes. A diario vemos en redes y noticias desapariciones sin que la Policía Nacional asuma un rol de investigación”, considera Blandón Gadea.

El Índice de Paz Global, realizado por el Institute for Economics and Peace en 163 países de todo el mundo, ubicaba a Nicaragua en el puesto 58 del ranking en 2009. En 2017 Nicaragua ocupaba el puesto 77 del ranking. No obstante, a raíz de la crisis sociopolítica, los datos reflejan que la inseguridad ciudadana incrementó en 2019, retrocediendo 58 puestos desde 2017 y 77 desde 2009.

El gobierno de Daniel Ortega promueve desde su retorno al poder en 2007, que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica debido a la reducida tasa de homicidios y a la inexistencia de “Maras”, como en El Salvador, Honduras y Guatemala.

“Saben perfectamente bien que Nicaragua es el país más seguro, donde hay un combate permanente contra el narcotráfico y el crimen organizado. A Nicaragua entra muchísima menos droga de la que entra a un barrio de los Estados Unidos y ¿porque ellos no detienen la entrada de esa droga? Si son un poder. Porque están metidos en el tráfico de droga las autoridades de ellos también”, dijo Ortega en 2020 durante el acto del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación.

Sin embargo, para esa fecha, Nicaragua ocupaba el último lugar en el Índice Global de Paz de Centroamérica, con la posición 135, seguido por Honduras que ocupó la 116. Sumado a eso, un estudio realizado por la firma encuestadora Cid Gallup en Nicaragua reveló que la percepción pasó de 49% en mayo de 2020 a 83% en septiembre del mismo año.

El incremento en la inseguridad y en el índice de asaltos en 2020 estuvo influenciado por la liberación de reos de alta peligrosidad, consideran fuentes consultadas. 

Gráfico

Índice de inseguridad en Centroamérica. Fuente: Índice de paz Global

Covid-19 agravó la violencia a nivel internacional

A criterio de Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCLV), los factores mencionados anteriormente y la pandemia del Covid-19 incrementaron los índices de violencia y la atrocidad de los femicidios.

“El contexto de crisis sociopolítica, económica y la pandemia del Covid-19 definitivamente agrava las desigualdades sociales y de género y por ende eso se refleja en el aumento de la violencia machista, es grave y podríamos decir que es hasta terrorista. Los asesinatos de mujeres a manos de hombres cercanos a la familia cada vez son peores y más sangrientos donde se ve el odio hacia las mujeres y la misoginia”, explicó.

ONU Mujeres, de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, detalla en la publicación “La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el confinamiento”, que hasta antes de la pandemia, alrededor de 243 millones de mujeres y niñas fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja.

“Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría, por parte de su pareja. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos. Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar”, señala la publicación.

En Nicaragua, los datos registrados por Católicas por el Derecho a Decidir, reflejan, con relación al año previo, un incremento de 12.7% en el total de femicidios en 2020, mismo en el que 22 mujeres murieron a manos de sus parejas, 7 por su expareja, tres por hijos y dos por padrastros.

Además, de los 71 casos registrados el año pasado, 12   enfrentan proceso judicial, dos femicidas están prófugos, 17 impunes, uno absuelto, 22 sentenciados y nueve se suicidaron.

“En la cuarentena muchas mujeres se vieron obligadas a permanecer junto a su agresor y no pueden denunciarlo. Para muchas personas, su propio hogar no es el lugar más seguro. Los pedidos de auxilio han aumentado en el contexto de la crisis sanitaria a nivel de América Latina, no solo de Nicaragua”, expone Blandón Gadea.

Violencia machista, una “epidemia” permanente

Fuentes consultadas por Onda Local y República 18 coinciden en que este comportamiento y su origen en Nicaragua tiene raíces antiguas.

A consideración de Mirna Blandón el país centroamericano se enfrenta a un problema estructural de la sociedad nicaragüense que promueve la violencia machista.

“La violencia contra las mujeres ha sido una epidemia que ha existido permanentemente en el país. La crisis sociopolítica puso aún más en evidencia la nula voluntad del Estado para dar respuesta a los problemas que enfrentan las mujeres dentro del país”, dijo Blandón Gadea.

“En Nicaragua cada vez más, vemos cómo los hombres, en su imaginario social, creen que pueden decidir sobre la vida de las mujeres. Esto va de la mano con la estigmatización de la defensa de los derechos de las mujeres que en este país es visto como un delito”, considera por su parte Mejía.

Poco acceso a la justicia

Lo que describe Mejía, es precisamente lo que vivía Rosa. Carlos la consideraba de su propiedad. Rosa, cansada de la violencia, el acoso y la vigilancia decidió dar un paso más, interpuso la denuncia en la delegación policial de Ciudad Darío. Sin embargo, aunque llevó su caso hasta los juzgados, el proceso nunca prosperó.

Ante el temor de que Carlos cumpliera las amenazas de asesinarla, Rosa decidió acudir varias veces a la estación policial para lograr agilizar el proceso y conseguir una orden de alejamiento. No lo consiguió.

El 17 de enero de 2021, cinco años después de su separación y de continuos hostigamientos, quedó sola en su casa. “Ese día no estaba mi mamá ni dos de mis hijos, solo mi niña más chiquita. Estaba solita”. Ese momento fue aprovechado por Carlos, que llegó con brusquedad, amenazando de muerte a Rosa.

- ¡Te quiero matar! - le decía el hombre mientras continuaba golpeando los hierros y sostenía en una de sus manos un afilado machete.

Algunos vecinos llamaron a la delegación policial de Ciudad Darío para que llegaran a socorrer a Rosa, que gritaba llena de terror desde el interior de la vivienda y suplicaba por su vida. Los agentes policiales respondieron que no podrían llegar porque “no había camionetas en la delegación”

“Gracias a Dios no logró romper las verjas porque son fuertes, pero si lo hubiera logrado ahí iba a haber un asesinato”, contó.

Luego de esa agresión, Rosa se dirigió nuevamente a la delegación y pidió que oficiales de la Policía la acompañaran para evitar que su expareja llegara a amenazarla.

-No te preocupés, andate tranquila. Si pasa algo nos llamás y llegamos-, le dijo el capitán. “Esa noche yo agarré a mis hijos, cerré todo y me fui a dormir donde otros familiares. Tenía mucho miedo”, relata Rosa.

La historia de Rosa tiene un patrón repetitivo en los casos de violencia hacia la mujer: la retardación de justicia o la inacción de las autoridades, señala Mirna Blandón.

“Hay una acción tardía y mujeres que ya habían denunciado y no les hicieron caso. No hicieron nada para castigar a los agresores. En ese clima en que el Estado es cómplice y perpetrador, se puede entender el incremento de la violencia letal contra las mujeres”, señala Blandón Gadea.

Además, el Estado nicaragüense no lleva un conteo de la violencia machista y tipifica los femicidios como homicidios.

“Las estadísticas están siendo registradas a través de las organizaciones de mujeres, a pesar de la represión y persecución. Tenemos catorce años de no tener información oficial”, añadió.

¿Qué sucedió con la Ley 779 y las Comisarías de la Mujer?

El 26 de enero de 2012, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley Integral Contra la Violencia Hacia La Mujer (Ley 779), misma que entró en vigor 20 días después de su aprobación.

La legislación fue considerada en su momento como bastante acertada por algunas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. No obstante, fue reformada el 26 de septiembre de 2013 desvirtuando su objetivo principal de proteger a las mujeres y permitiendo al Poder Ejecutivo aprobar un reglamento vía decreto.

“La Ley apenas fue un primer paso ya que las leyes no son garantías de que se puedan resolver el problema, solo indican una ruta. Esa ley, la formularon 16 organizaciones defensoras de mujeres, no fue iniciativa del régimen Ortega Murillo, ni del parlamento. Fue una iniciativa ciudadana. Pero el régimen, el Poder Judicial y el Poder Legislativo aprobaron la ley y diez meses después la reformaron y aprobaron un reglamento que contradice incluso el propio objeto de la ley”, dijo María Teresa Blandón, dirigente del Movimiento Feminista La Corriente.

Por otro lado, el artículo 3 del reglamento establece que la Ley 779 solo es aplicable a quien se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos de tutela, cónyuge, excónyuge, conviviente en unión de hecho, ex conviviente en unión de hecho, novios, exnovios.

Además, la Ley 846, Ley de Reforma a la Ley 779, establece que los delitos de violencia física que provoca lesiones leves, violencia psicológica, violencia patrimonial, económica, intimidación o amenaza contra la mujer, sustracción de hijos, violencia laboral, violencia en ejercicio de la función pública, omisión de denunciar y obligación de denunciar acto de acoso sexual, podrán ser resueltos a través de mediación, lo que, según las feministas, expone a las mujeres a regresar con el agresor.

En su momento, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, justificó la reforma a la Ley 779.

“La mediación volvió porque algunos magistrados dijeron que al estar establecida en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la mediación previa en todo tipo de juicios, nosotros de alguna manera estábamos pasando por alto esa Ley, pero llegamos al acuerdo de restituirla”, explica.

“Hicieron trampa, aprobaron una ley para después reformarla y anteponerle un reglamento contradictorio. Es un Estado que se está burlando del sufrimiento de miles de mujeres y niñas y se está burlando de las defensoras de los derechos de las mujeres”, dijo Blandón.

Comisarías de la mujer perdieron fuerza desde 2007

Por otro lado, en 2020 la vicepresidente de Nicaragua, Rosario María Murillo Zambrana anunció en su alocución diaria que se reabrirían las Comisarías de la Mujer, mismas que fueron cerradas por el gobierno sandinista en 2015.

Las Comisarías de la Mujer fueron inauguradas en noviembre de 1993, durante la administración de Violeta Barrios, con el objetivo de brindar atención integral a víctimas de la violencia intrafamiliar, lograr acceso a la justicia, reducir la impunidad, prevenir y disminuir los índices de violencia intrafamiliar, sexual y su reincidencia.

El modelo consistía en que la víctima era asistida por una trabajadora social y una psicóloga que a la vez daban parte a una investigadora y ésta al Ministerio Público (Fiscalía) y juzgados.

Con el retorno del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 2007, las Comisarías de la mujer fueron perdiendo eficiencia y las organizaciones defensoras de las mujeres empezaron a ser excluidas.

En septiembre de 2020, Murillo justificó la exclusión a las defensoras de derechos de las mujeres acusándolas de haber utilizado las Comisarías de la Mujer para promover el aborto como un negocio.

Reforma al código penal para implementar prisión perpetua

En enero de 2021, la Asamblea Nacional aprobó en segunda legislatura una reforma a la Constitución Política de Nicaragua para implementar penas de prisión perpetua “revisable” a crímenes de odio.

Sin embargo, Maricé Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia, considera que a más de ocho meses de su aprobación no ha visto frutos productivos.

“No vemos el impacto positivo de esta aplicación. Hay un montón de hombres y violadores prófugos que no han recibido rigurosidad. Nosotros analizamos que no favorece en nada a los derechos de las mujeres puesto que va en contra de los derechos humanos”, dijo Mejía.

Las organizaciones feministas consideran que la reforma constitucional no surtiría efecto debido a los miles de indultos que se han realizado desde 2018.

“La culpa”, principal secuela del maltrato

Para Mirna Blandón, docente y dirigente del Movimiento Feminista de Nicaragua, la violencia deja profundas heridas, secuelas emocionales y afectivas en las víctimas de la violencia de género, entre estas: sentimiento de culpa, baja autoestima y problemas de identidad.

“Las mujeres se perciben sin recursos, desamparadas y sin habilidades necesarias para responsabilizarse de su vida, minimizan sus capacidades y habilidades y maximizan las probabilidades de equivocarse y de fracasar”, dijo.

A esto se le debe sumar el sentimiento de culpa, la percepción de ser malas madres y la soledad que provoca el aislamiento al ser víctimas de violencia.

“La culpa que sienten la suele paralizar y no les permite mirar hacia adelante y avanzar”, explicó.

Después de romper el ciclo de la violencia y de comprender que la culpa no era de ella, la vida de Rosa ha cambiado, dice que ha recuperado las ganas de vivir y que se siente otra mujer.

“Ahora la gente me dice que, que bien me veo, que el rostro se me volvió a iluminar y que hasta me arreglo. Mi vida cambió”, cuenta.

Además, sus tres hijos la han apoyado desde que decidió abandonar a su expareja.

Carlos está preso

Un día, Rosa recibió una llamada de la Policía, en la que le comunicaron que Carlos estaba preso por abusar de una niña.

“Va a estar varios años preso. No sé si lo vayan a juzgar por todas las denuncias que yo puse por maltrato. El hecho es que está preso, no por lo que me hizo, sino por abusar de una menor”, lamenta Rosa.

“Yo fui a la delegación cuando me di cuenta y le dije al capitán: ¿Se fijó?, y usted no me quiso creer”.

Suscríbete a nuestras noticias

Ingresa