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Rosario Murillo, Gustavo Porras, Alba Luz Ramos y otros cinco funcionarios sancionados por la Unión Europea

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Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo; Bayardo Arce, asesor económico de la presidencia; Fidel Domínguez, jefe de la policía de León y Juan Valle, director nacional de tránsito han sido sancionados por la Unión Europea (UE), a quienes responsabiliza “de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho” en Nicaragua.

La Unión Europea ha sancionado en total a 14 funcionarios del gobierno del Estado de Nicaragua. Además, las sanciones alcanzan por primera vez a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y al asesor de la presidencia en temas económicos.

El 12 de octubre de 2020, el Consejo de la Unión Europea renovó las sanciones impuestas en 2019 contra Francisco Díaz, director de la Policía; Néstor Moncada Lau, asesor de Daniel Ortega en Seguridad Nacional; Sonia Castro, exministra de Salud y actualmente asesora; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Luis Pérez Olivas, director de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la institución.

Para Europa, la detención Noel Vidaurre, séptimo en la lista de personas aspirantes a la presidencia de Nicaragua bajo prisión arbitraria “ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones”.

Quienes figuran en la lista de sanciones son objeto de una inmovilización de bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetas a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la Unión Europea o transitar por él”, indica el Consejo de la Unión Europea.

La UE manifiesta que el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense. Recuerda que, en el mes de mayo, Daniel Ortega y Rosario Murillo valiéndose del control mayoritario de su partido en la Asamblea Nacional impulsó reformas a la Ley Electoral dirigidas a ejercer control y limitar la participación de la oposición; designó como magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) a personas leales a su régimen para asegurarse el control absoluto del proceso.

Para la Unión Europea, estas acciones del régimen socavan la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA y la UE.

La UE también “condena firmemente” la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses, las insta a que deroguen leyes restrictivas como la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, y “reclama la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos”, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses.

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