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Régimen de Daniel Ortega protesta “enérgicamente” por sanciones de Estados Unidos

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De las sanciones estadounidenses no se escapa ningún funcionario de alto rango vinculado con el régimen de Daniel Ortega. En esta ocasión, le ha llegado la hora a Camila Ortega Murillo, hija de la pareja dictatorial de Nicaragua; al diputado y jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional, Edwin Castro Rivera; al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes y al director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército, Julio Rodríguez Balladares.

El golpe causado por las sanciones ha sido tal que, el régimen de Daniel Ortega, ha “protestado enérgicamente” contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a Camila Ortega, Edwin Castro, Ovidio Reyes y Julio Rodríguez.

Hoy se anunciaron las primeras sanciones, pero no serán las últimas. Tengan toda seguridad de eso. Sólo es el comienzo, ha advertido la congresista de la Florida, María Elvira Salazar.

Ante la detención arbitraria de los precandidatos presidenciales en Nicaragua, la congresista había declarado que “ese violento accionar del régimen, no puede quedar impune”.  

Las sanciones estadounidenses llegan mientras Nicaragua vive la mayor represión y la supresión de las libertades públicas, con el arresto de cuatro precandidatos presidenciales y tres líderes de la oposición, mientras continúa la cacería contra otros opositores.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que las sanciones Camila Ortega Murillo, Edwin Castro, Ovidio Reyes y Julio Rodríguez Balladares es por apoyar al “régimen de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de los civiles, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y el intento de silenciar a los medios de comunicación independientes”.

El Departamento del Tesoro vincula a Camila Ortega Murillo como la coordinadora de la Comisión de Economía Creativa. La hija de Rosario Murillo, ahora acompaña a su madre en la lista de sancionados y a sus hermanos Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo.

El Departamento del Tesoro Camila Ortega Murillo, detalló, fue sancionada “por ser funcionaria del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionaria del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

La OFAC añade que, Camila Ortega, “es una asesora clave del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, así como la coordinadora de la Comisión de Economía Creativa”. “Desde 2011, Camila Ortega administra la estación de televisión Canal 13 (Viva Nicaragua). Este medio de comunicación familiar difunde propaganda estatal, mientras que el presidente Ortega utiliza las leyes fiscales y de gastos estatales para promover las estaciones familiares y exprimir a los medios independientes rivales”.

Con relación a Ovidio Reyes Ramírez, presidente del BCN, la OFAC señala que “como presidente del BCN, Reyes colidera la implementación de la nueva Ley para la Protección de Consumidores y Usuarios, que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua con el riesgo de facilitar transacciones sancionables”.

“Las instituciones financieras en Nicaragua que se niegan a cumplir con la ley pueden estar sujetas a acciones punitivas por parte del BCN alineado al régimen y la Superintendencia de Bancos, los implementadores de la ley, todo lo cual contribuye a la desestabilización de la economía de Nicaragua. La designación de hoy se aplica solo a Reyes; y BCN no ha sido designado”, aclaró el comunicado del Departamento del Tesoro.

El diputado Edwin Castro Rivera, fue sumado a la lista de sancionados porque como miembro de la Comisión Especial de Asuntos Electorales aprobó “controvertidas reformas a la Ley Electoral”, el pasado 4 de mayo.

“Las reformas no incorporaron la resolución de la Organización de los Estados Americanos de octubre de 2020 que pedía las reformas electorales necesarias para realizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021. Las reformas institucionalizan leyes represivas que permiten al gobierno restringir la participación de los partidos políticos en las próximas elecciones y no prevén disposiciones para la observación electoral internacional”, indicó la OFAC.

El General de Brigada del Ejército de Nicaragua, Julio Rodríguez Balladares, director del IPSM, identificado por la OFAC como el fondo de inversión pública del Ejército. El General Julio César Áviles, jefe de la institución castrense, ya fue sancionado por Estados Unidos.

“El Ejército brindó apoyo a la Policía y los paramilitares que abusaron de los derechos humanos de los manifestantes al atacarlos, lo que resultó en más de 300 muertes y daños físicos y psicológicos”, afirmó la OFAC. Julio César Avilés ha negado la participación del Ejército en la represión de 2018.   

Las sanciones contra Julio Rodríguez solamente aplican a él. El IPSM no ha sido designado, aclaró la OFAC.

“Las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una tiranía más profunda”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki, difundida por el Gobierno de Estados Unidos.

“Está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la represión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos”, agregó.

Las sanciones fueron emitidas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, dirigida a personas funcionarias del Gobierno de Nicaragua o que han ocupado cargos en el Gobierno de Nicaragua desde el 10 de enero de 2007.

El Departamento del Tesoro recordó que, como resultado de las sanciones, “todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC”.

Además, “también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de dichas personas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”.

“El Gobierno Imperialista y Colonialista de los Estados Unidos de Norteamérica acaba de pronunciarse, como ha sido y es su estilo de injerencia e interferencia en los Asuntos Internos de nuestros Países, dictando Medidas Ilegales, Arbitrarias, Coercitivas y Unilaterales, contra Ciudadan@s nicaragüenses cuyo único delito es representar, muy en alto, la Dignidad y el Heroísmo de nuestro Pueblo”, señaló el régimen en un comunidado.

Agregó que “el gobierno” protesta enérgicamente ante esta “reiterada violación de los Instrumentos Internacionales que rigen el Derecho Soberano de los Estados, que no nos reconocemos como Colonia de ninguna Potencia, y que reivindicamos la Dignidad y el Decoro Nacionales, en legítima defensa de nuestra Autodeterminación, frente a los Estados Unidos de Norteamérica y a cualquier otra Entidad Colonialista y Neocolonialista, que a estas alturas de la Vida, creen tener el poder de avasallar y humillar nuestra Independencia”.

El régimen de Daniel Ortega considera que esta “nueva violación de la Soberanía de Nicaragua”, confirma lo que “hemos denunciado sobre el vendepatrismo y las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras, que desde el intento de Golpe de Estado del 2018 se han venido acentuando. Afirmamos nuestra razón histórica, precisamente en estos días, cuando los principales Promotores y Actores de ese golpismo terrorista, patrocinados por los Estados Unidos y otras Potencias Imperiales, están ante la Justicia, como ha demandado el Pueblo nicaragüense”. 

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