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Redacción Abierta

Fiscalía acusa a Cristina Chamorro y solicita inhibirla de cargos públicos

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“No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república”, fue la reacción de Cristiana Chamorro, después de conocer que el Ministerio Público de Nicaragua, solicitó inhibirla para cargos públicos por considerar, “no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.

Este martes, Cristiana Chamorro se presentó ante la Alianza Ciudadanos por la Libertad para entregar una carta en la que señala su interés de inscribirse en el proceso de selección de candidato único.

En el comunicado, la Fiscalía también procedió a presentar acusación en contra de Cristiana Chamorro Barrios por “los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”

Asimismo, la entidad pública solicitó medidas precautelares de retención migratoria y prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares; y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados para Cristiana Chamorro, María Lilly Delgado, Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo Medrano.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó el actuar de la fiscalía, “esto es ilegal e inconstitucional, la limitación del derecho a participar en una elección de cargo público, solamente se puede dar en las causas establecidas en la Constitución. Rechazamos la extralimitación de retención migratoria”.

En Nicaragua el artículo 47 de la constitución establece que los derechos ciudadanos se suspenden únicamente por imposición de pena corporal grave o pena accesoria específica y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil”.

Walter Gómez, ex administrador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el contador Marcos Fletes se encuentran detenidos ilegalmente por 90 días. El pasado 29 de mayo, Gloria Saavedra, Jueza Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, amplió el plazo para investigarlos por el supuesto delito de “lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad” que el Ministerio Público ha abierto en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. 

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