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OACNUDH demanda cese del hostigamiento judicial contra oposición y periodistas en Nicaragua

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A la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) le preocupa profundamente “que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el 7 de noviembre se estén alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático”. 

En febrero de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encomendó a la Oficina que monitoreara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua. “Hemos observado acontecimientos preocupantes a este respecto en las últimas semanas”, asegura. 

Entre dichos acontecimientos destaca la aprobación de la reforma electoral a la medida de Daniel Ortega. “El 4 de mayo la Asamblea Nacional -alineada con el partido de gobierno- aprobó una reforma electoral que no atiende las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales. También contiene disposiciones que no se ajustan a las normas y estándares de derechos humanos, tales como restricciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, y participación política”, señala.  

La oficina de la Alta Comisionada, también destaca que, en el marco de las reformas electorales, las autoridades han disuelto en las últimas semanas dos partidos políticos -El Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC)- con argumentos contrarios a las normas internacionales y sin el debido proceso. 

La oficina también se refirió a la investigación de la Fiscalía contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero. “El 19 de mayo, las autoridades anunciaron que habían iniciado una investigación penal contra una de las principales precandidatas presidenciales, Cristiana Chamorro, por presunto lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La investigación se basa en la Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada en julio de 2018”

Esa Ley, según la OACNUDH, está redactada en términos excesivamente amplios y ha suscitado de manera general la preocupación de que pueda ser utilizada para silenciar a las voces disidentes. “Las acusaciones contra la Sra. Chamorro incluyen el supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales. En la última semana, miembros del equipo de 12 medios de comunicación independientes han sido llamados a declarar en el marco del mismo procedimiento penal”.

El 20 de mayo, agrega, la policía allanó las oficinas de “Confidencial”, un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana Chamorro, incautó equipos y detuvo temporalmente a un camarógrafo. “Actualmente, la Sra. Chamorro corre el riesgo de ser condenada penalmente y de ser inhabilitada como candidata”, advierte.

De igual manera, señala que, la Policía ha intensificado la restricción arbitraria de los movimientos de otros líderes y lideresas de la oposición. “Bajo estas circunstancias, la disolución de los partidos políticos y la apertura de investigaciones penales que pudieran conducir a la inhabilitación de candidaturas, sin el debido proceso, no sólo socava los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los y las votantes a elegir a las candidaturas de su elección”, refiere. 

También manifiesta que el continuo acoso a los medios de comunicación independientes restringe el derecho a la libertad de expresión y socava el derecho de la población a ser informada, algo que es crucial en cualquier democracia y en cualquier momento, pero de especial importancia durante un periodo electoral.

“La nueva Ley Electoral es la última de una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que restringen innecesaria y desproporcionadamente los derechos humanos, en especial de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes y lideresas políticas y sociales”. 

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llama al “Gobierno de Nicaragua para que cese todo hostigamiento -incluso el hostigamiento judicial- en contra de miembros de la oposición y periodistas”.

También llama a las autoridades para que garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información y expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos esenciales durante el proceso electoral, si se quiere que las propias elecciones sean libres y creíbles.

La OACNUDH insta a las autoridades nicaragüenses a enmendar la legislación electoral a través de un proceso participativo y se puso a la orden para brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación que restringe los derechos humanos a fin de que ésta cumpla con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. 

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