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Asamblea Nacional reforma ley de consumidores que protege cuentas bancarias de funcionarios sancionados

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La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó en lo general la Iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.  

El plan del regimen de Daniel Ortega de reformar la Ley de los Consumidores es presionar a los bancos nicaragüenses para la reapertura de cuentas bancarias de las y los funcionarios públicos sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Hasta el momento, al menos 27 funcionarios de Daniel Ortega han sido sancionados, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo y al presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras.  

Las sanciones obligan a los bancos a suspender relaciones con las personas y empresas sancionadas porque han sido vinculadas a actos de corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos.  

La asamblea aprobó esta ley a pesar de que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) advirtiera de que esto puede causar un bloqueo del sistema financiero internacional, especialmente con los bancos corresponsales.

Asobanp envió una carta a la Comisión Económica de la Asamblea, el pasado 28 de enero, señalando que la norma viola el derecho constitucional a la libre empresa y provocará que Nicaragua sea incluida en la lista negra de Acción Financiera Internacional (GAFI) y como consecuencia, el país sería excluido del sistema financiero internacional. Agrega que los bancos extranjeros pueden cortar relaciones con la banca nicaragüense, afectando la recepción de remesas, las operaciones de tarjetas de débito y crédito, así como las transacciones comerciales y exportaciones.

El diputado José Figueroa, leyó el dictamen de la Comisión Económica, la cual indica que “la libertad de empresa no es irrestricta. Por el contrario, el artículo 104 de la constitución política de Nicaragua limita su pleno ejercicio a los motivos sociales o de interés nacional que imponga la ley”.  

EL dictamen también considera que la reforma está en consonancia con las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional relativas al lavado de dinero, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.

“Desde ningún punto de vista se pretende poner obstáculos al deber de ejecutar todas las medidas dictadas y necesarias, en el contexto de los compromisos asumidos, en el combate en esta materia”, dijo Figueroa.  

El diputado Byron Jerez, ahora aliado del FSLN, dijo que la reforma a la Ley de Defensa al Consumidor es para proteger a los funcionarios sancionados por Estados Unidos y argumentó las instituciones bancarias no pueden cerrar cuentas a terceros, en referencia a familiares de las personas sancionadas.

Esta comisión respalda que esta iniciativa estipule que las decisiones unilaterales de un proveedor con respecto a la negación o cancelación de un bien o servicio no sean extensivas a terceras personas distintas al consumidor o usuario afectado. Esta decisión protegerá a los consumidores y usuarios vinculados con los afectados”, dijo Figueroa.

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