Alcaldías pagan deudas millonarias por Calles para el Pueblo y Parques de Gran Atractivo
Siul

Deudas para el pueblo

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Las alcaldías de Nicaragua incluyeron en sus presupuestos de inversiones  24.2 millones de dólares para el pago de deudas relacionadas con los programas Calles para el Pueblo y Parques de Gran Atractivo Turístico, entre 2015 y 2018.

Los programas Calles para el Pueblo y los Parques de Gran Atractivo Turístico no han sido gracias a la bondad del “Comandante Daniel Ortega” ni de la “Compañera Rosario Murillo”, como  destaca la propaganda oficialista. Estos proyectos han sido pagados por los impuestos de las y los nicaragüenses a través de las transferencias municipales.   

Entre  2015 y 2017, las alcaldías municipales de Nicaragua, analizadas para este investigación, desembolsaron 10.7 millones de dólares para el pago de deudas de los programas Calles para el Pueblo y Parques de Gran Atractivo Turístico. En 2018, presupuestaron 13.4 millones de dólares para el pago de amortizaciones e intereses de las deudas Calles para el Pueblo y Parques de Gran Atractivo. En total, 24.2 millones de dólares fueron destinados para pagar las deudas de estos dos proyectos; siendo 12.2 para amortizar la deuda de Calles para el Pueblo

Las autoridades locales de Camoapa (Boaco), El Almendro (Río San Juan), La Trinidad (Estelí), El Cuá, San Sebastián de Yalí y WiwilÍ de Jinotega consideran que estas deudas heredadas son ilegales en vista de que el artículo 21 de la Ley de Régimen Presupuestario Municipal establece que “los créditos que excedan al período del gobierno municipal serán sometidos a consulta pública”, proceso que no ocurrió y ni siquiera fue del conocimiento de las y los  concejales de oposición.  

Reyna Hernández, quien asumió como alcaldesa del  municipio de Wiwilí de Jinotega en 2018, encontró una deuda de la administración anterior de C$4,320,311.80 por el pago de intereses de un préstamo para el programa Calles para el Pueblo. Hernández afirma que no hay registros de esa deuda, sólo una notificación del Ministerio de Hacienda.  “Papeles no encontramos, nos tocó pagar una deuda de cuatro millones y no la pagamos porque no la quisimos pagar, sino que el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) nos descalfó, por decir así, de las Transferencias”. 

En el municipio de San Sebastián de Yalí, Jinotega, ubicado a 184 kilómetros de Managua, capital de Nicaragua, ocurrió lo mismo. En 2018, al asumir el alcalde liberal, Noel Moreno Talavera, encontró que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) les quitó de las transferencias municipales C$2,995,121 para pagar la deuda del programa Calles para el Pueblo

“Anduvimos haciendo algunas averiguaciones, porque nos dijeron que era al BANPRO (Banco de la Producción) que se le debía ese dinero. El BANPRO dijo que la alcaldía no le debía nada y entregó una solvencia”, aseguró el alcalde, quien dos años después, sigue con la incógnita del paradero de ese dinero. 

Noel Moreno afirma que al enterarse de la existencia de la deuda inmediatamente solicitó una explicación al MHCP para incluirlo en su reporte financiero, pero nunca obtuvo respuesta. “Pedimos a la parte financiera de Hacienda, que nos justificaran adónde y a quienes les había pagado, porque así nosotros lo vamos a tener en nuestro reporte financiero cuando la Contraloría nos viniera a auditar”. 

Esta investigación pudo constatar que más de 50 municipalidades gobernadas por el FSLN en el período 2013 - 2017, pagaron deudas relacionadas con el programa Calles para el Pueblo. Los planes de inversiones anuales de las 153 alcaldías nicaragüenses y reflejan que, entre 2015 y 2017, las alcaldías subordinadas al FSLN pagaron una deuda de C$215,568,717, equivalente a USD 6,248,368.61 para pagar amortizaciones e intereses de préstamos para el programa Calles para el Pueblo. En 2018, el monto presupuestado para este proyecto fue de C$208,259,494 (USD 6,036.507.07). No obstante, no fue posible conocer el monto final ejecutado ya que, a raíz de la crisis sociopolítica de Nicaragua, estos datos fueron ocultados del sitio web del Sistema de Transferencias Municipales (TRANSMUNI).  

El origen de calles para el pueblo 

El 25 febrero de 2008, en un acto público realizado en la cancha deportiva del barrio William Díaz de Managua, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, anunció el inicio del programa Calles para el Pueblo con un presupuesto de 20 millones de dólares, de los cuales 12 serían para pavimentar calles de más de 100 municipios, monto equivalente a la deuda pagada por las alcaldías para la ejecución de dicho programa.  

El financiamiento para calles para el pueblo fue a través de la cooperación venezolana en el marco del acuerdo petrolero, que en Nicaragua, ha sido manejado de forma discrecional por la empresa Albanisa, de capital venezolano-nicaragüense, que en los últimos dos años se ha venido a pique por la crisis política en Venezuela y las sanciones estadounidenses. 

En 2008, la vocera de la presidencia, Rosario Murillo dijo que el programa "Calles para el Pueblo", iba a ser ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y no por los gobiernos municipales.  

La rendición de cuentas con relación a la ejecución de Calles para el Pueblo, es casi inexistente. La información disponible es propaganda gubernamental y se presenta como uno de los logros sociales de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Incluso, en el libro de Estudios Sociales 3, del Ministerio de Educación (MINED), se hace propaganda de este proyecto y recuerda al estudiantado que es uno de los programas que garantiza la “restitución de derechos en Nicaragua”.      

Los Informes Oficiales de Cooperación Externa (IOCE) del Banco Central de Nicaragua (BCN) del período 2007 al 2018 no presentan datos claros del programa calles para el pueblo. El informe de 2008 señala que, “el Fondo ALBA impulsó la inversión en infraestructura social a través proyectos líderes como Calles para el Pueblo y Casas para el Pueblo, para los que se destinaron cerca de 23 millones de dólares”. No obstante, no especifica cuánto correspondió a cada proyecto, ni sus alcances. 

En el informe de 2009 se precisa que, en el marco del programa Calles para el Pueblo, se ejecutaron 2.6 millones de dólares. Asimismo, señala que en el trienio 2007 - 2009, se construyeron 1243 cuadras de calles. En 2010, en el componente de infraestructura urbana, los aportes fueron de 11 millones de dólares, principalmente en el proyecto Calles para el Pueblo. En los informes de los años siguientes no se hace mención a este programa.  

El 24 de mayo de 2014, la presidenta del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), Giomar Irías, le dijo a alcaldes y alcaldesas del FSLN que, el presidente Daniel Ortega, había girado instrucciones para retomar el programa Calles para el Pueblo. “Este va a ser un programa que lo vamos a seguir desarrollando en el modelo de alianzas junto con las alcaldías municipales. Está previsto una primera etapa que se va a iniciar en este año que concluye en el inicio del año próximo y una segunda etapa posterior en el 2015”.  

Irías manifestó que la meta era completar más de 3 mil calles en el segundo semestre de 2014 y otras 3 mil en 2015, según reporta el portal oficialista, El 19 Digital.   

En su informe de gestión 2015, presentado ante la Asamblea Nacional, la presidencia de Nicaragua menciona que, se construyeron 1807 calles para el pueblo; 1054 de asfalto, 397 de concreto y 356 de adoquines.

El 16 de abril de ese mismo año, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó que el programa “Calles para el Pueblo” se ejecutaría en 65 municipios de Nicaragua, con una meta de 1780 calles nuevas de concreto hidráulico, asfalto y adoquín. 

El Ejecutivo nicaragüense no explicó las fuentes de financiamiento de este programa. Esta investigación elaboró una base de datos con información del Plan de Inversión Anual 2015, publicado en el Sistema de Transferencias Municipales (Transmuni) y pudo determinar que, aunque no estaba programado inicialmente en el presupuesto, los gobiernos municipales desembolsaron C$106,279,134 en concepto de “amortización deuda 2015 -Mejoramiento vial de calles-”. Los 10 municipios que más deuda pagaron por estas obras fueron: Matiguás, Jinotega, León, Estelí, Matagalpa, Tipitapa, Chinandega, Nueva Guinea, Granada y Ciudad Sandino. 

En el PIA 2015 no se refleja qué instituciones bancarias son las prestamistas del programa Calles para el Pueblo; únicamente la Alcaldía de Matiguás, Matagalpa, zona central de Nicaragua, refleja que la ejecución del programa Calles para el Pueblo fue con financiamiento del Banco de la Producción (BANPRO) por C$ 7.8 millones. 

En 2016, “el plan del buen gobierno” estableció una meta de 1717 calles nuevas y la reparación de 2763 en los 134 municipios que controlaba el FSLN. En Managua, la meta fue de 731 cuadras, 133 en concreto hidráulico y 598 con revestimiento asfáltico. 

El análisis realizado determinó que 34 municipalidades pagaron en 2016 un total de C$82,888,625 en amortizaciones e intereses de préstamos para la ejecución del programa calles para el pueblo. El BANPRO es mencionado como el prestamista de las alcaldías de Cárdenas (Rivas), Ciudad Darío (Matagalpa), Wiwilí de Jinotega y Larregnaga (León). En 2017, los intereses y amortizaciones de la deuda de Calles para el Pueblo fueron pagados por 10 alcaldías, las cuales desembolsaron C$26,400,958. En 2018, el monto presupuestado fue de C$208,259,494. 

De las alcaldías revisadas, únicamente la de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), publicó sus informes de gestión de 2018 y 2019. Entre sus egresos, reporta el servicio a la deuda pública que en 2018 fue C$6,392,075.63 y de C$5,760,504.31 en 2019.  

Alcaldías municipales pagan deudas millonarias por Parques de Gran Atractivo

Los Parques de Gran Atractivo forman parte de las obras que han desarrollado los gobiernos locales por disposición de la presidencia, no importa si son o no prioridad de la población de los municipios. Para el especialista en finanzas municipales, Gilberto Lindo Calero, esta situación refleja la pérdida de la autonomía política y financiera de los gobiernos locales. 

El 31 de agosto de 2017, los miembros de la Junta de Incentivos Turísticos, integrada por Jennifer Dávila de la Dirección General de Ingresos (DGI), Kenia del Carmen Salazar Martínez del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), Yadira Gómez Cortez del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Mario Rivas Reyes de la Secretaría de la Presidencia (SEPRES), Roger Gurdián de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), Miguel Romero de la Cámara Nicaragüense de Turismo (CANATUR) y Luisa Rojas Jimenez de la Dirección General de Aduanas (DGA), aprobaron a la Alcaldía de Rosita, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), la inscripción en el Registro de Inversiones Turísticas del proyecto “Parque de Gran Atractivo y demás Obras Asociadas” y su plan de inversión por un monto de C$15, 904,052.24. La obra incluye áreas de recreación infantil, cancha de baloncesto con sus graderías, mobiliario urbano, andenes, pisos y plazas. 

Si bien se establece el costo de la obra, no se indicó la fuente de financiamiento. Lo que sí está claro es que la municipalidad se endeudó para construir dicho parque. El Plan de Inversión Anual de 2017, indica que la Alcaldía de Rosita destinó C$5,205,969 en concepto de pago de la deuda para la construcción del parque de Gran Atractivo y demás Obras Asociadas. En 2018, programó un pago de 5.5 millones de córdobas. 

El 6 de octubre de 2020, el Concejo Municipal de Rosita fue convocado a una sesión extraordinaria, siendo uno de los puntos de agenda, autorizar al alcalde Fermin Romero, la elaboración de un cheque a nombre del administrador financiero, Francisco López Martínez, para realizar abonos a las deudas de módulos de la construcción y la primera etapa del Parque de Gran Atractivo y demás Obras Asociadas. Sin embargo, no se informó públicamente sobre el monto pagado. 

Para el municipalista Gilberto Lindo, evidentemente hay falta de transparencia en estos procesos. Agrega que las leyes de Municipio y de Régimen Presupuestario Municipal señalan que, durante la consulta del presupuesto municipal, las autoridades locales deben informar a la ciudadanía sobre cómo se financia el presupuesto. “Debemos de informar a la gente qué deudas vamos a contraer, con quién, en qué términos, a qué plazos, cuál es el interés y para qué lo vamos a hacer. La gente no sabe nada de cómo están financiando los presupuestos las alcaldías”. 

La investigación “deudas para el pueblo”, identificó que las municipalidades de Juigalpa, Jinotega, Mateare, Ciudad Sandino y Chichigalpa también inscribieron en el Registro de Inversiones Turísticas del INTUR sus proyectos de “Parques de Gran Atractivo y demás Obras Asociadas”, con una inversión total de C$118,573,374. Al igual que la Alcaldía de Rosita, ninguna de estas municipalidades informó sobre las fuentes de financiamiento de dichos proyectos. 

En la Gaceta No 237, Diario Oficial de Nicaragua, se publicó la certificación del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) con la aprobación de la construcción del  “Parque de Gran Atractivo Atractivo y demás obras asociadas”, del municipio de Juigalpa, departamento de Chontales, con una inversión de C$28,085,685.28

Según la certificación, la obra incluye una cancha de futbol, cancha con su gradería, áreas de recreación infantil, con juegos de diferentes tipos; gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, batería sanitaria, garita de control del acceso, andenes, pisos y plazas, parqueo, áreas verdes y ornamentación; fachadas y acceso, entre otros.    

En esta misma Gaceta, también se hace constar la inscripción del proyecto “Parque de Gran Atractivo Atractivo y demás obras asociadas” del municipio de Mateare, departamento de Managua, con una inversión de C$12,452,538.81. Asimismo, aparece la inscripción del “Parque de Gran Atractivo Atractivo y demás obras asociadas” del municipio de Ciudad Sandino, Managua, con un presupuesto de C$20,903,941.19. 

Onda Local revisó los planes de inversiones de 2017 de los municipios de Juigalpa, Mateare y Ciudad Sandino y verificó que Juigalpa estableció en su presupuesto inicial un pago de C$7,049,910.00 como amortización del crédito parque de gran atractivo, este monto fue trasladado al presupuesto de 2018. En el caso de la Alcaldía de Ciudad Sandino se previó un pago en el presupuesto inicial de C$6,273,140.00, pero no se reflejó como ejecutado. En el 2018 estableció para el pago de esta deuda C$8,004,581.00. El municipio de Mateare reportó un pago de C$4,270,062.00 en 2017. En 2018 presupuestó un pago de C$4,370,062.00 como abono a la deuda por la construcción del Parque de Gran Atractivo.  

En 2017, esta investigación pudo constatar que, al menos, 24 alcaldías municipales pagaron una deuda de C$156,134,332.00 en concepto de amortizaciones e intereses de préstamos para los Parques de Gran Atractivo. 

Como parte de las directrices del Gobierno Central hacia los gobiernos locales, en 2018, continuó la implementación de la construcción de parques de gran atractivo. La base de datos de esta investigación refleja que 39 municipios presupuestaron pagos de deuda por C$256,749,187.00, siendo las alcaldías de Matagalpa, León, Masaya, Estelí, Chinandega, Jinotega, Granada, Somoto, Ciudad Sandino y San Carlos, las que más abonaron. 

De acuerdo con la Gaceta No 180 del 19 de septiembre de 2018, el parque de gran atractivo de la Alcaldía de Jinotega, se aprobó con una inversión de C$42,425,326.50 y cuenta con área de patinaje, piscina con área de duchas y vestidores, área de recreación infantil, área de mesa, equipamiento urbano, muros y cercas perimetrales, entre otros. En su presupuesto de 2018, la Alcaldía de Jinotega estableció un monto de 13 millones de córdobas para el parque de gran atractivo o parque de la familia.  

En la Gaceta No 24 del 21 de mayo de 2019 se aprobó la solicitud a la Alcaldía Municipal de Chichigalpa, departamento de Chinandega, el proyecto turístico denominado “Construcción de Parque de Gran Atractivo y demás obras asociadas, con una inversión de C$14,705,882.35 

La mayoría de alcaldías no especifican las fuentes de financiamiento de estos préstamos. Las alcaldías de San Ramón, Matagalpa y La Paz Centro, León, mencionan que los parques de gran atractivo fueron financiados por (BANCORP). 

Específicamente, las Alcaldías Municipales reportan que pagaron al Banco Corporativo (BANCORP) y a CARUNA unos 45.4 millones de córdobas por deudas relacionadas con los proyectos Ferry Rey del Cocibolca, Parques de Gran Atractivo, pago de deuda, intereses y mantenimientos y el sistema de agua potable de El Empalme en el municipio de Rosita.      

El BANCORP fue sancionado por Estados Unidos el 17 de abril de 2019 por considerarlo  parte de la red de corrupción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

En febrero de 2019, la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Kimberly Breier, señaló que las sanciones contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) incluían al Banco Corporativo, relacionado con la empresa Alba de Nicaragua. El BANCORP respondió con una nota aclaratoria, negando sus vínculos con PDVSA y Albanisa. No obstante, sus relaciones con Albanisa aparecen reflejadas en los Estados Financieros del Banco de 2015, 2016 y 2017. El pasado 9 de octubre, el Departamento del Tesoro también sancionó a la la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (CARUNA).

Estados Unidos considera que CARUNA ha patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico en apoyo al Banco Corporativo, SA (Bancorp). “CARUNA ha servido como herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa), $2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito… Los funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, se están aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de CARUNA para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas", destaca el Departamento del Tesoro. 

El BANCORP fue constituido el 24 de febrero de 2014, ante los oficios del abogado José María Enríquez Moncada, vinculado a los negocios de la familia Ortega-Murillo, según diversas investigaciones periodísticas. La sede central de BANCORP estaba ubicada en Lomas de Monserrat, en la misma sede de Albanisa. 

Según la auditoría financiera, hasta noviembre de 2017, el BANCORP mantuvo dos contratos de fideicomisos irrevocables con “su relacionada Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, R.L. (CARUNA R.L.)”, que manejó parte de los fondos del acuerdo petrolero con Venezuela, por administración y recuperación de cartera y administración de fondos, suscritos en noviembre de 2016. Por ambos contratos registró ingresos por Comisiones de C$371,762 y C$59,837,199 respectivamente. Agrega que dichas operaciones tuvieron un “efecto significativo en la utilidad neta del año del BANCORP, ya que el importe total por Comisiones representó el 70% de sus ingresos operativos diversos y el 38% del total de ingresos financieros.

Asimismo, en el mes de octubre de 2017, el BANCORP suscribió cinco nuevos contratos de fideicomisos con CARUNA para la recuperación de cartera crediticia institucional por C$4,054,769. 

El informe de auditoría financiera de 2016 señala que el BANCORP firmó dos contratos de fideicomisos para la recuperación y administración de cartera crediticia y administración de fondos con su relacionada Alba de Nicaragua, S.A., los cuales fueron terminados en noviembre de 2016. Por la administración de dichos fondos el BANCORP percibió ingresos por C$94,317,063 y C$90,295,644 respectivamente, incluyendo los ingresos de 2015.  

José Francisco López, sancioando por Estados Unidos por actos de corrupción y violación de derechos humanos, quien fungió como vicepresidente de Albanisa, estuvo entre los miembros del Consejo Directivo del BANCORP, junto con el presidente de la Cooperativa CARUNA, Jorge Martínez González. 

Finalmente, el Estado de Nicaragua, compró el Banco Corporativo por un monto de 743.1 millones de córdobas, pagados con bonos en un plazo de cinco años, para convertirlo en el Banco Nacional.

Convenio colectivo irregular, origen de una deuda impagable en la Alcaldía de Wiwilí de Jinotega

Al recibir la alcaldía de Wiwilí, la alcaldesa Reyna Hernández, no sólo encontró deudas sino un convenio colectivo leonino, hecho de último momento, que la dejó con las manos atadas. Si despedía a trabajadores, la alcaldía tenía que pagar indemnizaciones millonarias. La administración de Hernández se apresuró y despidió a varios trabajadores, quienes amparándose en dicho Convenio Colectivo, reclamaron una indemnización por la suma de 14 millones de córdobas. La alcaldía intentó agotar la vía administrativa ante el Ministerio del Trabajo para llegar a un acuerdo con los trabajadores, pero no tuvo éxito. 

El caso pasó a manos de Aida López Henríquez, jueza del Distrito Laboral de la Circunscripción Norte, quien ordenó un embargo por 16.5 millones de córdobas en contra de la Alcaldía de Wiwilí para pagar las liquidaciones de los ex trabajadores despedidos.  El embargo contra la alcaldía fue notificado el 23 de abril de 2020 y contempla una camioneta Hilux, bienes particulares de la municipalidad por un monto de C$16,538,128.23 y la retención de las transferencias municipales para gastos corrientes. El 29 de abril, la Policía decomisó la camioneta y el 15 de mayo, la alcaldía municipal de Wiwilí, a través de una nota publicada en su página de Facebook, informó el embargo de sus cuentas por la suma de C$2,323,402.76.   

José Antonio López, abogado especialista en materia laboral, señaló que dicho embargo es ilegal dado que existe una circular del 25 de junio de 2008 que ordena a jueces y juezas la inembargabilidad de los bienes del Estado, con base a una ley del 27 de febrero de 1913 que, en sus artículos 1 y 2, señala: “Ningún tribunal de la República podrá exigir fianza, ni dictar, ni ejecutar, providencias de embargo contra las rentas, bienes o caudales del Estado. En consecuencia, los bienes embargados al gobierno con mandamientos librados antes del decreto del 17 de mayo de 1912 no podrán ser subastados, pena de nulidad”. 

“Los bienes públicos municipales -constituido por los bienes municipales públicos y particulares- son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno”, señala el artículo 43 de la Ley de Municipios y sus Reformas.   

Reyna Hernández fue inahabilitada para ejercer como alcaldesa de Wiwilí - Jinotega

El caso no paró ahí, el 12 de mayo de 2020, se inició un proceso judicial contra la alcaldesa Reyna Hernández por el delito de desobediencia o desacato a la autoridad en perjuicio de 36 extrabajadores de la municipalidad, al no haberles pagado sus liquidaciones. Finalmente, la alcaldesa fue condenada y su caso se encuentra en aplicación. Ella considera que se trata de un juicio político por lo que agotará las vías legales, aunque sus esperanzas se desvanecen al encontrarse con un sistema judicial controlado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

El 12 de junio, la jueza local penal de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, además de ordenar la captura de Hernández, también dictó la “suspensión en el desempeño de su cargo como alcaldesa; una maniobra ilegal, según la alcaldesa.

 

La jueza Diana Jarquín expresa en su dictamen que Hernández “queda inhibida de ejercer las funciones, atribuciones y competencias propias del cargo conferidas conforme la Ley 40, Ley de municipios”. El vicealcalde, Manuel Blandón, asumió como alcalde en funciones del municipio de Wiwilí de Jinotega, el 15 de junio de 2020. Pero también fue procesado por el mismo caso. El 9 de octubre, Blandón, también fue inhabilitado como alcalde en funciones por un período de dos años, que finalizará el 9 de octubre de 2022.  Además fue condenado a pagar 150 días multa, equivalente a cien mil córdobas.     

Manuel Blandón fue inhabilitado para ejercer el cargo de Alcalde en Funciones del municipio de Wiwilí de Jinotega.

El 13 de julio de 2020, el Juzgado de Distrito Laboral ordenó al alcalde en funciones, Manuel Blandón, pagar los C$16,538,128.93 en un plazo de tres días. La alcaldía propuso pagar en un plazo de cinco años, pero la propuesta fue rechazada. Luego se comprometió a pagar en un plazo de tres años sin obtener una respuesta favorable de los extrabajadores y el Juzgado Laboral. 

Reyna Hernández declaró que la indemnización impuesta era prácticamente impagable en el plazo establecido por la jueza. “No podemos pagarlo porque no tenemos los fondos, el mismo gobierno nos quitó las transferencias, la juez manda a que veamos cómo lo vamos a incorporar al presupuesto”. 

En 2020, a la Alcaldía de Wiwilí de Jinotega apenas se le asignó C$9,589,073 de las transferencias municipales. Es decir que, ni con la totalidad de las transferencias, lograría pagar las indemnizaciones de los extrabajadores. 

La reducción de las transferencias municipales ha sido otro de los mecanismos utilizados por el régimen de Daniel Ortega para ahogar económicamente a las alcaldías liberales. En el caso del municipio de Wiwilí de Jinotega, las transferencias se redujeron de C$70, 942,527 en 2017 a C$36, 526,003 en 2018. En 2019 y 2020, las reducciones fueron todavía más drásticas. Este municipio sólo recibió en 2019 un total de C$9,389,073 de los C$31,567,373 que se habían previsto inicialmente. 

No obstante, la Alcaldía de Wiwilí de Jinotega ha contado con el respaldo de la ciudadanía y de diversos sectores que, junto a sus autoridades, han contribuido con recursos y mano de obra  para la reparación y mantenimiento de caminos, puentes y sistemas de agua, además de la conformación de un Comité Pro limpieza pública del municipio, entre otras obras. 

Alcaldía de Wiwilí de Jinotega recibe apoyo de la población    Fotos / Alcaldía de Wiwilí de Jinotega 

“La voluntad de trabajar no depende de cuánto dinero dispones para dar respuesta; estamos sin dinero, pero humildemente buscamos soluciones junto a la población”, señala una publicación de la Alcaldía de Wiwilí de Jinotega, que a pesar de todas las medidas represivas del régimen de Daniel Ortega, intenta hacer valer la autonomía municipal. 

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