La ley otorgaría al Ministerio de Gobernación poderes discrecionales
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Diputados de Daniel Ortega proponen Ley para prohibir financiamiento extranjero a oposición

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Los diputados del régimen de Daniel Ortega pretende imponer “La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, con el objetivo de controlar a las personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento extranjero, bajo el pretexto de no poner en “riesgo la seguridad del Estado”.  

Según la propuesta de los diputados de Daniel Ortega, las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como agentes extranjeros deberán abstenerse de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna. Además, tendrán prohibido financiar a organizaciones, movimientos, partidos políticos, asociaciones, oaliciones o alianzas políticas que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua.

La iniciativa de Ley establece que las organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes, directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras de cualquier naturaleza, estarán obligadas a inscribirse en el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, que dependerá del Ministerio de Gobernación, institución a la que se le estarán otorgando superpoderes.

Asimismo, la propuesta estipula que, deben inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros, las personas que dentro de Nicaragua actúen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos.

También, señala que los agentes extranjeros deberán presentar previamente al Ministerio de Gobernación un informe de cualquier oferta que reciban de sus “mandantes” extranjero sobre fondos, bienes, o cualquier otro activo y objeto de valor a recibir de manera directa o indirecta y explicar en qué actividades se utilizarán dichos fondos y activos.  

De esta manera, el régimen de Daniel Ortega estaría recrudeciendo su política del “acero de la guerra” que, busca no “dejar piedra sobre piedra” sobre todo lo que le huela a oposición, pasando por encima, inclusive, de la Constitución Política de Nicaragua.   

La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada por más de 100 organizaciones, calificó la iniciativa de aberrante y llamó a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional a exigir que esta iniciativa sea archivada por ser inconsulta, con politizada fundamentación y por pretender ser un arma más de un Estado policial contra la sociedad civil.

Para estas organizaciones, esta Iniciativa de Ley no sólo pretende violar los derechos constitucionales como la privacidad de datos, al trabajo y a la libertad de asociación, sino que el régimen prosigue con su afán de partir a Nicaragua, entre quienes simpatizan o no con el gobierno de turno, dando a estos últimos la obligación de declarar sus movimientos de fondos, actividades y vínculos laborales.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijo que la iniciativa de Ley de los diputados orteguistas es un nuevo zarpazo contra la libertades públicas en Nicaragua. Chamorro agregó que el Ministerio de Gobernación tendría “enormes poderes discrecionales, de tal manera que si un agente externo, está incurriendo en prácticas que, a juicio de este ministerio, son contrarias a la Ley, este agente puede ser confiscado, perder sus libertades civiles o políticas”, alertó.

“La Asamblea Nacional, el Estado de Nicaragua nos avasallan al vernos como ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses bajo sospechas de trabajar como “agentes extranjeros” con el supuesto fin de “poner en riesgo la seguridad” de nuestro país. La iniciativa de ley no está respaldada por ningún estudio o análisis de riesgo, pero sí insiste en que cualquier persona que reciba dinero del exterior, sea persona natural o jurídica, debe registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) y someterse a seguimiento financiero de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto reafirma el Estado policial que desea seguir consolidando el régimen Ortega-Murillo”, expresa la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.

Agrega que “ya no sólo estamos en un estado de total indefensión, sino bajo la constante posibilidad de ser acusados sin fundamento, exigiendo mediante esta iniciativa de ley, que la sociedad civil se auto incrimine como activistas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos”.

Para Juan Sebastián Chamorro se trata de una Ley aberrante, confiscatoria e inconstitucional que, en el fondo, pretende reprimir a opositores nicaragüenses. Pero, a criterio de Chamorro, esta nueva amenaza no va a detener la lucha por la democracia y por la libertad en Nicaragua.  

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