CENIDH: Policía reprimió, torturó y detuvo ilegalmente a manifestantes de El Tule y de Rivas

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Julio López / julio@ondalocal.com.ni

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) dio a conocer un informe acerca del violento operativo policial contra manifestantes de El Tule y de Rivas afectados por la ruta de El Canal Interoceánico, el 23 y 24 de diciembre de 2014.

Refiere el CENIDH, que el pasado 22 de diciembre de 2014, con gran despliegue mediático, el gobierno dio por iniciada la construcción de las obras de El Canal Interoceánico con una trocha o carretera en Brito, lo cual provocó manifestaciones en distintos lugares del país.  

“Ese mismo día (22 de diciembre), un grupo aproximado de 70 personas originarias del Departamento de Rivas se manifestaron en el kilómetro 110 de la carretera Panamericana. Un día después, aproximadamente a las seis de la tarde, un operativo de aproximadamente 250 policías procedieron con violencia a desarticular dicha protesta. En este hecho, fueron detenidas más de 50 personas, algunas de ellas fueron liberadas ese mismo día por encontrarse acompañadas de menores de edad y aproximadamente 23 personas fueron trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional conocida como “El Chipote” y ubicada en Managua”, contextualiza el informe.

Agrega que en el poblado de El Tule, municipio de San Miguelito, Río San Juan, centenares de campesinos mantenían un tranque, desde el 16 de diciembre, en el kilómetro 260 de la carretera Managua-San Carlos, en protesta por la inauguración de las obras de El Canal.

El 24 de diciembre, un contingente armado de la Policía Nacional apoyada por militares, arremetió contra los campesinos disparando balas de goma y lanzando gas lacrimógeno para desalojar a las y los manifestantes, ocasionando alto número de heridos y decenas de detenidos, quienes fueron traslados a las celdas de El Chipote en Managua.

Ante tales represiones, detenciones ilegales y criminalización de la protesta, el CENIDH realizó gestiones para verificar las condiciones físicas de los detenidos y obtener su libertad. Llegaron a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ) conocida como “El Chipote”, para ver a los detenidos, pero les negaron la entrada.

También interposición Recursos de Exhibición Personal o Habeas Corpus a favor de los detenidos; visitaron la Secretaría de Comunicación del Gobierno y acompañaron la denuncia de Octavio Ortega del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional, ante el Ministerio Público, en contra de la Policía Nacional por los delitos de lesiones, detención ilegal y ocultamiento de detenidos.

Según el CENIDH, no se puede cuantificar la cantidad de víctimas lesionadas porque las mismas temen denunciar. En sus testimonios, describen la violencia y el terror impuesto por la Policía Nacional y el Ejército, lo cual evidencia que recibieron órdenes de utilizar la fuerza de forma desproporcionada, ocasionando daños a la integridad física de las personas y a su libertad individual.

Las autoridades se negaron a brindarles información o explicar las razones de las detenciones. Tampoco permitieron ver a los detenidos, hasta el 25 y 26 de diciembre, cuando llamaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), para entregarle a los detenidos, que serían liberados sin permitirles verificar las condiciones de detención, ni información sobre su situación legal y médica.

El informe destaca que la noche del 25 de diciembre las autoridades policiales liberaron a dieciocho personas, sacándolas a escondidas de El Chipote, evidenciando así falta de transparencia en sus actuaciones. El día 26 fueron liberadas otras 23 personas. Todas fueron trasladadas por la policía a la CPDH, dejando en detención a seis (cuatro de El Tule y dos de Rivas), quienes hasta el 30 de diciembre salieron en libertad.

Según el CENIDH, los presos políticos -al salir en libertad- narraron públicamente la forma brutal de su detención y mostraron lesiones físicas en diferentes partes de sus cuerpos, así como las amenazas que recibieron por la Policía Nacional si volvían a participar en las protestas. 

“El 26 de diciembre, en las afueras de El Chipote, mientras diversas organizaciones y familiares de detenidos esperaban información de las autoridades, más de 50 motos y aproximadamente 100 hombres vestidos de civil (con identidades ocultas con sus cascos y chaquetas) pertenecientes a las fuerzas de choque pro gubernamentales; se presentaron al lugar impidiendo el paso de entrada o salida de las personas que se encontraban en el lugar; estas personas aceleraban sus motos al mismo tiempo que hacían gestos para provocar e intimidar a quienes se encontraban en el lugar. Lo anterior causó un ambiente de tensión y temor en las personas que se encontraban en las afueras de El Chipote, por lo que la Presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, exigió a los mandos policiales, medidas de protección a favor de los presentes”, narra el informe.  

Octavio Ortega, afirma que fue interrogado por cuatro policías. “Me preguntaron si las periodistas con las cuales había estado en diferentes momentos, me habían entregado financiamiento de la CIA; sí era cierto que recibía diez mil dólares mensuales.  Me decían que me oponía “al desarrollo y al progreso de Nicaragua”, y que “ante el progreso nadie se puede oponer”, que “el canal es una realidad”; le respondí que ambientalmente ni financieramente podía ser una realidad. Insistían en que dijera la verdad porque si no me caerían 30 años por terrorismo. Al final les dije que estaba dispuesto a asumir mi responsabilidad y que si eran 30 años no me importaba”.

Para el CENIDH, la actuación de la Policía Nacional no sólo fue de reprimir a manifestantes, también de mantener ilegalmente detenidos a los principales líderes de las protestas, para enviar un mensaje al resto de la población de no manifestarse. La policía abusó de sus funciones al provocar en los detenidos sufrimientos físicos y psicológicos, lo cual constituye un acto de tortura, tipificado y sancionado por la legislación nacional e internacional.

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