El anhelo de la Justicia Transicional en Nicaragua
Tras los acontecimientos ocurridos desde abril de 2018, la vida se transformó de manera drástica para la mayoría de nicaragüenses.
Martha Lira, tuvo que migrar de Nicaragua a Costa Rica hace unos 15 años debido a razones económicas. Ella planeaba reencontrase con su familia, pero el asesinato de su hijo Agustín Ezequiel Mendoza Lira, el 14 de junio de 2018, le adelantó sus planes y le cambió la vida. Martha regresó a su natal Nicaragua, para darle el último adiós a Ezequiel, un estudiante de estilismo de 22 años, quien se sumó al movimiento auto convocado del municipio de Tipitapa, ubicado a 27 kilómetros al este de Managua, la capital nicaragüense.
Ezequiel se sumó a las protestas al enterarse de lo ocurrido con su amigo y compañero de comparsa del colegio, Richard Pavón Bermúdez, el primer asesinado como consecuencia de la represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, la tarde del 19 de abril de 2018.
Un mes más tarde del asesinato de Ezequiel Mendoza, la madrugada del 14 de julio, Nicaragua vivió uno de los episodios más trágicos de su historia reciente. El estudiante de tercer año del Técnico Superior en Construcción, Gerald Vásquez, fue uno de los dos asesinados ese día durante la operación limpieza de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – Managua) ejecutada por la Policía y paramilitares. El grupo de jóvenes que se había tomado la universidad fue desalojado violentamente y obligado a replegarse en la iglesia Divina Misericordia para escapar de las balas. Vásquez que alcanzado por una bala y murió dentro de la iglesia, en cuyas paredes aún se observan las fisuras de las balas.
Yader Vásquez y Susana López, llegaron hasta al hospital Vivian Pellas para reconocer el cuerpo de su hijo. No lo podían creer. Gerald (el chino) era afamado por sus colegas como “el bailarín de las trincheras”, les había prometido volver luego de haberse sumado a la lucha por la autonomía universitaria, desde el 7 de mayo, recuerdan. Paola Vásquez se acuerda que vio llorar a su hermano cuando se dio cuenta que habían asesinado a Richard Pavón, hecho que le terminó de convencerse para sumarse a las protestas.
Desde entonces la familia de Ezequiel Mendoza y la de Gerald Vásquez se han encontrado en la búsqueda de justicia, una labor incansable para las más de 328 personas asesinadas en Nicaragua por protestar exigiendo justica y libertad.
Más de mil personas fueron encarceladas por el régimen de Ortega. Actualmente, 168 personas permanecen encarceladas por razones políticas y más de 100 mil han tenido que exiliarse para proteger su vida y libertad y continuar sus luchas por la justicia y la democracia. Yader Vásquez, padre de Gerald es uno de estos miles de exiliados.
En el plano del derecho internacional, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, insisten en que Daniel Ortega ha llevado a cabo conductas que conllevan a crímenes de lesa humanidad, por la naturaleza a gran escala de los ataques perpetrado.
El camino a la Justicia Transicional
En noviembre de 2021, quince organizaciones de sociedad civil nicaragüense, entre defensoras de derechos humanos y periodistas, presentaron el denominado “Informe de la verdad” “Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad”. De manera amplia, el escrito, expone los distintos ámbitos de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua en contra de su ciudadanía.
*Conozca la lucha en búsqueda de la Justicia de Tamara Morazán, hermana de Jonathan Morazán, jóven asesinado en la marcha del 30 de mayo de 2018 y del profesor Álvaro Gómez, padre de Álvaro Gómez, asesinado en Monimbó el 21 de abril del 2018. Ambos coinciden en que la "justicia transicional se va a dar luego de que haya un cambio de gobierno". Dale play al podcast
El documento argumenta que “en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado Policial de Excepción". Pero, Daniel Ortega y Rosario Murillo, insisten en negar las acusaciones y descalifican cuanto espacio sirva para cuestionar su conducta. Para muestra un botón; el pasado 19 de noviembre de 2021, El gobierno de Nicaragua anunció su retiro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El argumento es el mismo de hace años, rechazar “la injerencia de otros países en los asuntos de Nicaragua”.
La actitud de negativa de los hechos por parte del Estado perpetrador promueve un entorno de impunidad frente a la búsqueda de justicia de las víctimas, coindicen las personas defensoras de los derechos humanos. Es por esa razón que, la Justicia transicional emerge como el camino a transitar para alcanzar la justicia, encontrar la verdad, reparar en alguna medida los daños y procurar los ajustes o cambios en las normativas que garanticen la no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos.
El abogado y defensor nicaragüense de los derechos humanos, Juan Carlos Arce, explica que no puede haber justicia Transicional, si persiste un régimen que no reconoce los crímenes cometidos, como es el caso del Estado nicaragüense. “En su narrativa oficial lo que plantean es una realidad absolutamente diferente a la que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo en este momento es una etapa de negación; y los procesos de Justicia Transicional, inician precisamente en que haya un reconocimiento”.
Para Arce, que el régimen orteguista pida perdón, definitivamente “sería una manera de iniciar y mostraría disposición muy clara de Daniel Ortega por encontrar la solución a lo ocurrido. Pero ese hecho únicamente está en el imaginario, porque de algo así, no hay evidencia que pueda suceder, mientras siga en pie un régimen tan familiarizado con la violencia, como el de Nicaragua”, señala. Por tanto, explica Arce, el otro mecanismo son las comisiones de la verdad. Es decir, “comisiones conformadas por ciudadanos notables, ciudadanos creíbles que intentan construir de manera colectiva, la verdad de lo que ocurrió en un período histórico”.
El sociólogo de origen peruano, Eduardo González Cueva, experto en Justicia Transicional, cree que este mecanismo es una de las posibles salidas de Nicaragua a la crisis en la que se ha visto inmersa. González participó como director de Audiencias Públicas y Protección de las Víctimas y redactor del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; instalada en el año 2000, luego que el expresidente Alberto Fujimori, abandonara el país rumbo a Japón y durante el gobierno transicional de Valentín Paniagua; lo que lo convierte en voz autorizada.
El experto, explicó que, en materia del derecho universal, existen tres tipos de delitos no negociables y que no ameritan algún tipo de amnistía a la parte ejecutora de las violaciones: Los de orden genocida, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Este último, es el que, según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, han ocurrido en Nicaragua y cuya responsabilidad recae sobre el régimen de Daniel Ortega.
Explica González, que basado en las herramientas del derecho, la Justicia Transicional, es el “tratamiento de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado, ya sea durante un régimen autoritario” y violento, como el que, según las denuncias, representa el Estado de Nicaragua; o bien, durante un conflicto armado.
El punto de partida y quizás la más elemental razón de ser de la Justicia Transicional, es que el mecanismo elegido pueda identificar las violaciones más graves de los derechos humanos; por ejemplo, los ya mencionados crímenes de lesa humanidad. A juicio del especialista, el acceder a la justica de parte de las víctimas implica cuatro restituciones fundamentales: El derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos, derecho a buscar la responsabilidad judicial de las personas culpables, el derecho a encontrar una reparación integral por lo sufrido y la obligación estatal a disponer de medidas y reformas que impidan la repetición de estos hechos.
¿Qué se considera un crimen de lesa humanidad?
Un asesinato puede ser un crimen de lesa humanidad si se logra demostrar que la acción no es un hecho aislado, sino que ha ocurrido en forma generalizada durante un determinado periodo de tiempo en un país. O bien, que ha respondido a un determinado sistema, a una determinada lógica criminal. Por lo que los crímenes de lesa humanidad, son entonces algunas conductas atroces, como el secuestro, prisión arbitraria, asesinato, desaparición forzada, violación sexual y otras conductas siempre y cuando se pueda demostrar una de esas dos características al menos; es decir que hayan ocurrido en forma generalizada o que haya ocurrido de forma sistemática.
El 25 de agosto de 2018, Yaritza Mairena y otros seis dirigentes estudiantiles fueron secuestrados por oponerse al régimen de Daniel Ortega y generar una serie de cuestionamiento en pro de la autonomía universitaria. Yaritza Mairena, Levis Rugama, Victoria Obando, Byron Corea, Juan Alvarado, Nahiroby Olivas y Luis Quiróz fueron acusados de cometer actos de terrorismo, secuestros, robos y homicidios. Luego que se les excarcelara, salieron al exilio para proteger sus vidas y libertad, tratar de recuperar sus sueños, sus vidas y sanar, porque reparación del daño por parte del Estado no han tenido. Rostrán está clara que, mientras no haya una transición a la democracia, la justicia transicional no será posible, aunque cree que desde ya se puede ir avanzando.
“Creo que los procesos de justicia, si bien es cierto que dependen de una transición a la democracia, también pueden iniciarse desde ya”, refiere la excarcelada política.
Mairena es una de las 155 estudiantes universitarias expulsadas entre 2018 y 2019, como represalia del gobierno a sus acciones de protesta. Desde el exilio, dice que uno de sus anhelos es recuperar su historial académico y tener la oportunidad de optar a una beca en una universidad estatal.
Todo apunta a que hubo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
Si tomamos de referencia los resultados del trabajo de investigación realizado entre 2018 y 2019 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el seguimiento hecho por el Meseni y los resultados de otras investigaciones de organismos de derechos humanos independientes, queda claro que existen algunas conductas que tuvieron lugar, no solamente en abril de 2018, sino también en los años posteriores. En consecuencia, y de acuerdo a lo planteado por Eduardo González, los hechos, están “revestidos de estas características de generalidad o de sistematicidad”.
Agrega el experto, que el GIEI, “registró una cantidad tal de represión violenta contra manifestantes; expresión en muchos casos fatal contra manifestantes que te hace suponer, que las dos características de generalidad y sistematicidades están presentes”. Los constantes reportes de asesinatos por disparos a la cabeza y el tórax contra manifestantes son un ejemplo de lo descrito, así se muestra en el informe “Disparar a matar” elaborado por Amnistía Internacional en el contexto represivo de 2018.
El camino hacia la Justicia Transicional
El camino de Nicaragua para alcanzar procesos de Justicia será como la de todas las sociedades que han enfrentado momentos de graves violaciones a los derechos humanos. Esta es una idea en la que coinciden tanto Arce como González, aunque advierten que es un “camino largo y complejo”.
Por un lado, mencionan será requerido un arduo trabajo de documentación “para que la evidencia exista y sea incontrovertible”. Por otro lado, es necesario convencer a la comunidad internacional, para que los países entiendan la gravedad de los hechos, y que, por consiguiente, se requieren acciones concertadas para enfrentar las consecuencias de los hechos y cumplir con los derechos de las víctimas. Ambos defensores apuntan a que, ante la negativa estatal de cumplimiento de sus obligaciones frente a la justicia, la comunidad internacional debe asumir también su responsabilidad, cobijados bajo el principio de Justicia Universal.
Cuando se habla de Justicia Transicional, se habla de “escarbar en los orígenes de una situación”. Explica Arce, que el conflicto nicaragüense, no tiene un origen en virtud de abril de 2018, sino más atrás en el tiempo. “En Nicaragua ya venían ocurriendo graves violaciones de derecho humano, ya desde hace años; se venía desmantelando las instituciones del Estado. Entonces, una eventual comisión de la verdad, también deberá escarbar los orígenes de los conflictos, en un proceso sumamente interesante”, manifiesta Arce.
“Comisión Porras”, sin garantías para encontrar la verdad
La Asamblea Nacional de Nicaragua, creo el 6 de mayo de 2018, su propia versión de una “Comisión de la verdad” con el objetivo de “investigar” las muertes registradas durante las protestas de 2018. La instancia tendría un plazo de tres meses para investigar y presentar su informe. El diputado del Frente Sandinista, Gustavo Porras, presidente del parlamento, presentó la propuesta ante el plenario, que decidió con 74 votos a favor, cero en contra y una abstención.
Pero Eduardo González, quien conoce de primera mano y ha estudiado procesos de conformación de Comisiones de la Verdad en distintos países como Perú, Sudáfrica, Colombia, Brasil, Guatemala, entre otros, pone en tela de duda la legitimidad de la “Comisión Porras”.
“Una Comisión de la Verdad normalmente es una institución que se crea en el momento de una transición democrática, en el momento de una transición hacia la democracia o hacia la paz. Por lo tanto, es una institución que requiere un cambio de la situación política para ser creíble; una institución que implica un cierto grado de consulta con la sociedad, con los distintos sectores que están presentes en una sociedad a fin de crear una institución creíble, y una institución además independiente”, Eduardo González, experto en Justicia Transicional.
En el caso de la “Comisión Porras” todos los anteriores elementos están ausentes. Para comenzar, no ha ocurrido un cambio del régimen político, por tanto, no ocurre una transición. En este caso, “es el propio Estado que ha cometido la violación, auto investigándose”.
Vea toda la entrevista con Eduardo González, experto en Justicia Transicional.
Otro aspecto a relevar es que, en 2018, la institución se creó de la noche a la mañana, “sin mayor consulta” por no decir nula. Se presentó un Proyecto de Ley “muy sucinto y sin mayor información sobre los poderes que debiera tener esa institución, o la independencia que debiera tener esa institución”
Por otra parte, los personajes que integraron la supuesta Comisión de la verdad nicaragüense, “no parecen ser a personajes que pudieran convocar la credibilidad de todos los sectores de la sociedad”, cuestiona González. Esta Comisión fue integrada por la exdiputada del Frente Sandinista Mirna Cunningham, el sacerdote Uriel Molina Oliú, el abogado constitucionalista y analista Cairo Amador, actualmente magistrado del Consejo Supremo Electoral, el ex-sub procurador de los derechos humanos Adolfo Jarquín y el catedrático Jaime Francisco López. Estas cinco personas, tienen en común, que son conocidas en el ámbito nicaragüense, por tener un pasado y un presente ligado al gubernamental Frente Sandinista.
Mientras el momento de transición llegue a Nicaragua, familiares de las víctimas no desisten en sus demandas de justicia, y confían en que, tarde o temprano, bajo la figura de la Justicia Transicional los responsables de los crímenes tendrán el castigo que merecen.
