Estado nicaragüense acecha a defensoras de derechos humanos

Compartir:

Llegaron a Managua vestidas de rojo para celebrar el día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, demandar acceso a justicia, reivindicar el derecho a tomarse las calles, exigir al Gobierno de Nicaragua acciones para frenar los feminicidios y la violencia sexual. Una vez más, fueron recibidas con violencia por el Gobierno, que utilizando las fuerzas antimotines, les impidió marchar, pero no arrebatarles la palabra, ni su determinación de seguir defendiendo sus derechos humanos.

 

No podemos callar nuestra voz. No tenemos miedo. Nos quieren pasar por locas, pero no lo somos. Nos llaman locas porque defendemos nuestros derechos, porque luchamos por otras, porque decimos no a la violencia hacia las mujeres”, dijo Leonila Argüello, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Las mujeres somos valientes, no tenemos miedo a la cárcel, a la represión, a los antimotines, simplemente queremos que nos dejen movilizarnos y marchar, y queremos y exigimos justicia en este país, cárcel para los violadores y para los asesinos de mujeres”, agregó la defensora de derechos humanos.

 

Por su parte, María Elizabeth Espinoza, de la comarca San Pedro de Los Molinos, departamento de Carazo, lamentó que la policía haya bloqueado la marcha. “Tengo a mis hijas y no quiero que sus maridos las ultrajen. Yo estoy aquí defendiendo los derechos míos y los de las otras mujeres”.

 

Subiendo de tono, Francis Altamirano, llegó desde Tipitapa. La policía, al intentar reprimir su acción, logró irritarla. A juicio de Altamirano, se trata de un acto de violencia del gobierno, el tratar de taparles la boca a las mujeres.

 

Lo ocurrido el 25 de noviembre de 2017, es una prueba del asedio del Gobierno de Nicaragua hacia las defensoras de derechos humanos, que en lugar de brindarles protección ha criminalizado sus luchas.

 

El informe “Defender la Tierra” de Global Witness, ubica a Nicaragua entre los cinco países más peligrosos del planeta para ser defensora de derechos humanos, una lista en la que también aparecen Brasil, Honduras, Colombia y Filipinas.

 

Pero Nicaragua se jacta de ser el país más seguro de la región centroamericana, aunque no lo es para las mujeres, ni para quienes defienden derechos humanos. Las comunidades indígenas y campesinas que se oponen al acaparamiento e invasión de tierras, a la minería, a monocultivos y megaproyectos como el Canal Interoceánico, enfrentan intimidación, represión, detenciones ilegales y asesinatos.

 

 

En octubre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Francisca Ramírez y de su familia, por considerar que es objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en su contra. La Corte pidió al Estado de Nicaragua informe sobre las acciones adoptadas en cuanto a la investigación de los hechos alegados “que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

Durante la audiencia de la CIDH, del seis de septiembre de 2017, Francisca Ramírez, dijo “en Nicaragua nadie nos escucha, hemos sido reprimidos, encarcelados, tenemos personas que han quedado sin riñones, sin ojos (…) en Nicaragua vivimos injusticias, no tenemos derecho a protestar, hay una alianza con el gran capital, queriendo quitarnos lo poco que tenemos los campesinos”.

La lucha contra las exploraciones y explotaciones mineras también genera conflictos y violaciones a los derechos humanos en diversos territorios. Sobre todo cuando de acosar e intimidar a los defensores se trata, explica Walkiria Marín, del Movimiento Salvemos Santo Domingo, en Chontales.

No es la primera vez que la sociedad civil informa ante la CIDH al respecto, pero es un logro que la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras -que defiende a las defensoras-, comparezca por vez primera ante esta instancia para denunciar cómo desde 2007, el país ha experimentado un acelerado deterioro del estado de derecho y la institucionalidad, resultado de la concentración de poder y la ilegal subordinación de todos los Poderes al Ejecutivo, que desde ese período ostenta Daniel Ortega.

 

En la sesión de la CIDH de septiembre, por cuarta ocasión, la representación del Estado de Nicaragua volvió a ausentarse; volvió a mostrar la actitud que ha caracterizado al gobierno de Ortega, quien hace gala del no-diálogo e intolerancia hacia quienes cuestionan su administración.

 

Durante la audiencia, las defensoras presentaron el informe “Situación de las Defensoras de Derechos Humanos en Nicaragua, donde se expone la situación de las defensoras en Nicaragua, con base al registro de agresiones que desde 2015 realiza la IND, en coordinación con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD).

Como indica el reportaje de Duyerling Ríos “Perseguidas por no apañar y no callar”, defender derechos incomoda al poder.

Ni la represión, ni las amenazas detienen nuestras luchas”. Esta frase aplica a la vida de Esperanza Soza, defensora en el municipio de Muy Muy, departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Esperanza seguirá siendo defensora hasta el día que deje de existir. . “El enemigo más grande que tenemos es el gobierno, porque de una u otra manera, busca las estrategias para atacar, señala la defensora Esperanza Soza.

 

Si bien al Estado corresponde garantizar derechos, las defensoras lo perciben como el enemigo. “No siento protección por el Estado porque yo sé que lo que yo hago no le cae bien y lo lamento”, refiere Yolidia Navas de Ometepe.

 

Amanda Centeno también defensora, es más categórica y expresa que no las ubican como adversarias, sino como enemigas, “acordate que para este gobierno no hay adversarios hay enemigos”. Ella vive en el municipio de Condega, territorio tradicionalmente sandinista, pero lo que antes era un valor, hoy, expresarse libremente, denunciar un abuso o determinada situación conlleva una latente amenaza. La situación de las defensoras en esta localidad es peligrosa porque son “blanco fácil de los ataques”.

En Condega, además de acompañar, denunciar y defender derechos, promueven procesos de formación. Amanda dice que el gobierno no invierte en educación y lo hace deliberadamente. Por eso, para ella urge generar reflexiones. “Es importante que la gente encuentre en cada lugar la forma de vincular estas luchas locales a lo nacional, para mi esos es muy importante”, enfatiza.

Feliciana del Carmen Rivera Jiménez, es originaria de Jalapa, Nueva Segovia, afianzó su lucha por la defensa del derecho a la producción cuando en 1993 entró a formar parte de la Asociación de Mujeres de Jalapa Contra la Violencia, Oyanka. Desde ese espacio sigue defendiendo los derechos humanos. Desde los diecisiete años es defensora.

Las mujeres son afectadas porque no tienen el mismo derecho al crédito. Los bancos dan grandes “préstamos a los hombres. Si nosotros vamos a una financiera, por la cantidad que tenemos a nuestro nombre no nos dan un buen crédito”, cuenta Feliciana, es la realidad que viven las rurales en el norte. En 2013 defensoras del derecho de las mujeres a la tierra, organizaron la campaña “Cien cartas en cien días” y las hicieron llegar a la Presidencia de la República, y aún esperan respuestas.

A 97 kilómetros de Jalapa se ubica el municipio de Somoto. Allí vive Belkys Herrera, defensora y feminista, quien dice sentirse vigilada por la Policía. En Ticuantepe vive Martha Téllez. Empezó como defensora en su barrio, presentaba propuestas ante la municipalidad. “Con el proceso, vimos que era necesario empezar por defender tus derechos como mujer. Ahí fue que empezamos varias que nos habíamos conocido y trabajado a nivel de gestión en espacios comunitarios en el contexto de la Ley de Participación Ciudadana”.

En medio de todos estos obstáculos ejercen la defensoría de derechos humanos.

 

La violencia generada por el despojo de las tierras indígenas y el desentendimiento gubernamental, hacen más compleja la labor de las defensoras de derechos humanos en el Caribe de Nicaragua.

 

En 2015, durante el 156 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDHCAN, denunció al Estado de Nicaragua por incumplir la Ley de Régimen de Propiedad Comunal (No. 445), en lo referido al proceso de saneamiento, lo cual supone la dilucidación de los derechos de las comunidades indígenas frente a terceros o colonos que alegan haber adquirido legalmente propiedades en los territorios ancestrales.

 

La invasión de colonos a territorios indígenas ha dejado más de treinta líderes comunitarios asesinados, decenas de heridos graves, con manos o pies amputados, desapariciones, desplazamiento forzado, secuestros y violaciones sexuales a mujeres indígenas.

 

El Estado nicaragüense además de invisibilizar la violencia que sufren los territorios, se vuelve cómplice porque no resuelve el problema ni acata las medidas cautelares dictadas por la CIDH; las que pretenden proteger a seis comunidades indígenas de Waspam, objeto de persecución, según Lottie. El mismo año, la CIDH había solicitado medidas cautelares a favor de cuatro comunidades del territorio Miskitu Wangki Twi-Tasba Raya, por la extrema violencia que han sido víctimas sus pobladores.

 

Javier Morazán, de la Unidad Contra Delitos del Crimen Organizado, del Ministerio Público de Nicaragua, manifestó en la CIDH que la posición de Nicaragua se basa en datos de la Policía Nacional, que dicen que la violencia, ocupación o desplazamiento, responden a denuncias de conflictos familiares, herencia, propiedad y rencillas personales, violencia intrafamiliar, violencia bajo influencia de estupefacientes, bandas de asaltantes de abigeato y otros delitos comunes.

 

La labor de Cunningham y Juana Bilbano, del CEJUDHCAN, les ha conllevado a ser víctimas de secuestros, requisas y cateos. En repetidas ocasiones, ambas defensoras han recibido amenazas de muerte, por lo que la CIDH les ha otorgado medidas cautelares, junto a doce comunidades mískitas del Caribe Norte nicaragüense, que enfrentan violencia.

 

El ocho de septiembre, un día después del retorno al país de la delegación de defensoras, Celedonia Salazar Point y su esposo, Tito José González Bendles, fueron asesinados a balazos por supuestos colonos en Tungla, territorio indígena Prinzu Awala, jurisdicción de Prinzapolka, confirmaron las autoridades.

 

En noviembre de 2016, tres semanas después de haber sido amenazada, la defensora Bernicia Dixon Peralta, fue asesinada junto a su esposo e hijo. La justicia nicaragüense no ha levantado ninguna investigación y no ha detenido a ninguna persona sospechosa.

 

En noviembre de 2016, tres semanas después de haber sido amenazada, la defensora Bernicia Dixon Peralta, fue asesinada junto a su esposo e hijo. La justicia nicaragüense no ha levantado ninguna investigación y no ha detenido a ninguna persona sospechosa.

 

Una situación que también preocupa es la que viven defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos. En particular, defensoras de los derechos de las comunidades y personas LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Intersex) siguen siendo víctimas de expresiones de odio y discriminación. De esta intolerancia y discriminación resultaron dos casos de agresión física.

Otra manera de agresión han sido las detenciones ilegales con uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Un caso muy recordado es el ocurrido el 28 de septiembre de 2016 contra las defensoras Patricia Orozco, Luisa Molina, María de Jesús Tenorio, Celia Contreras, Jessica Hernández y Duyerling Ríos, quienes realizaban pintas a favor del derecho a decidir de las mujeres.

 

En ese contexto, un grupo de policías vestidos de civil, obviaron el derecho a la libertad de expresión de las ciudadanas, y apresaron al grupo de defensoras y al periodista Abixael Mogollón, quien daba cobertura al hecho. Mientras eran trasladadas a la Estación No. 1 de Policía de Managua, uno de los oficiales cuestionó a Mogollón el por qué “andaba metido con ese grupo de viejas vandálicas”.

 

Lo vivido motivó, al periodista a escribir su breve opinión al respecto, agregando un poco de humor, el cual publicó en el segmento El Aguijón, de Onda Local.

 

La violencia y agresiones ejercidas contra las defensoras, también se ha caracterizado por la criminalización, acompañada muchas veces de violencia extrema, tratos inhumanos y degradantes. Esa situación la vivió la promotora de información sobre VIH, Arelly Cano y las defensoras Aydil Urbina y Thelma Suárez, quienes reclamaron al presenciar arbitrariedades cometidas por la policía.

 

Tras exigir justicia, fueron pateadas, amenazas y sometidas a exploraciones vaginales. Estuvieron aisladas y posteriormente fueron liberadas ante la presión pública. “La policía, abrió procesos legales en contra de las defensoras por supuesta “obstrucción de funciones” y “estorbo a la autoridad”.

 

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) reconoce que existe una especificidad con respecto a los tipos de agresiones que se ejercen hacia las defensoras, evidenciando así el componente de género en las agresiones.

 

Dichas agresiones han sido determinadas por la desigualdad histórica y estructural que ha caracterizado las relaciones de poder, las cuales repercuten directamente en la situación de las mujeres y el trato que reciben. “Son objeto de violaciones y abusos y su labor es difamada a causa de prácticas discriminatorias, con base en pautas sociales” analiza la integrante de la Coordinación de la Iniciativa de Defensoras Evelin Flores, también Enlace Nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia.

 

 

 

En tiempos de avances tecnológicos, donde las herramientas y las plataformas virtuales deberían ser empleadas para contribuir a la educación y a la sensibilización ciudadana, grupos afines al poder las usan con fines nocivos. El informe de la IND, plantea que los ataques contra la integridad y la dignidad, representan la mitad de las agresiones y fueron realizados desde medios y redes sociales simpatizantes al partido de gobierno.

 

El informe de la INDH señala que Nicaleaks ha continuado sus campañas injuriosas y calumniosas, atacando a defensoras que denuncian arbitrariedades. En este sitio, son recurrentes las campañas contra líderes del Movimiento Autónomo de Mujeres, Sofía Montenegro, Azahálea Solís y Ana Quirós; contra la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez; y Francisca Ramírez, integrante del movimiento campesino anticanal.

En el período del informe, Nicaleaks publicó más de 110 notas que manipulan el trabajo de las defensoras.

 

 

La concentración de medios coarta la libertad de expresión, ha señalado la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

En Nicaragua la alianza, el diálogo y el consenso ocurren entre el gobierno y la empresa privada. Desde 2007, se han cerrado los espacios de diálogo gobiernosociedad civil. Defensoras y organizaciones de mujeres han vivido además, desprestigio, agresiones y amenazas, dirigidas a impedir su libre expresión y movilización; y su trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres.

 

 

La vida de Fanny Aracelly Guerrero, defensora de derechos de las mujeres está colmada de expresiones de violencia, que tratan de impedir su labor de defensoría.

 

 

 

A este contexto es al que las defensoras de derechos humanos se enfrentan, y en el que a su vez, juegan un rol central para evitar que las decisiones del poder político violenten aún más los derechos humanos de las nicaragüenses.

Suscríbete a nuestras noticias

Ingresa