Zozobra y violencia por despojo de tierras indígenas

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Mientras Ronald recorría el área de cultivo de su familia y llenaba  un costal con banano, caña, papaya, agüacate y yuca, se estremeció al escuchar  disparos. El temor  lo invadió,  por lo que  decidió regresar a  su casa.     

“Cuando pasé por el trillo, ahí por el silo, salieron tres uniformados como del ejército nicaragüense. Yo les hablé en miskito, pero uno de los uniformados me trató y me dijo que no era miskito. Ahí fue cuando me dio un culatazo y desde el suelo pude ver como a setenta elementos uniformados y otros de civil. Eran los colonos”. 

El relato de Ronald Maclovio Eliseo, de la comunidad de Francia Sirpi, a 56 kilómetros de Waspam,  Río Coco, en el Caribe Norte, detalla cómo sobrevivió la  tarde del 15 de julio de 2015, cuando sujetos desconocidos golpearon su cabeza y le dieron un disparo.  

“Querían amarrarme de las manos pero me solté. Para defenderme saqué mi machete y escuché el sonido de algo muy fuerte. Me dispararon con una escopeta (calibre) 12 en el pecho. Yo salté al lado del camino y corrí por medio de la montaña. Mientras huía, más adelante vi cómo los armados torturaban a la gente de la comunidad".

Cinco charneles se introdujeron cerca del corazón de Ronald. Otros dos hombres y una mujer de la comunidad también resultaron con heridas de bala. 

Lo ocurrido en Francia Sirpi, es reflejo del conflicto histórico por la tierra, el cual desde 2014, ha visto intensificado una lucha armada entre los llamados colonos y las poblaciones miskitas, que afecta a más de cincuenta comunidades, pero con especial atención en doce comunidades de los Territorios Indígenas de Li Aubra, Li Lamni y Wangky Twi Tasba Raya, donde el alto riesgo es una realidad.


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Amador Francis, quien fungió como Wihta Tara (juez comunitario) de Francia Sirpi entre 2013 y 2014, relató que desde el 2010, después del Huracán Félix, fue testigo de la entrada de colonos a sus bosques y territorios desde el sector sur, por el municipio de Rosita, pasando por Risco de Oro, Sasha y Sumobila, en el caribe norte de Nicaragua. Según Francis, afectando ríos y cerros.

Desde entonces, el establecimiento de campamentos de colonos mantienen en vilo a las comunidades indígenas de Francia Sirpi, Río Wawa, Santa Clara, La Esperanza y Wisconsin, en Territorio Wangki Twi Tasba Raya. De igual manera a las comunidades de San Jerónimo, Santa Fe, Esperanza Río Coco, Cocal, Klisnak y Naranjal en Territorio Li Aubra y Wiwinak en Territorio Li Lamni; localidades que hasta la fecha registran un total de 32 personas asesinadas, 44 lesionadas, 22 secuestros y cuatro personas desaparecidas como producto del conflicto por el territorio en el caribe norte.

Lamberto Chow, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos en Waspam, dice conocer de primera mano los acontecimientos y señala a los representantes de la ocupación de tierras indígenas, aunque no muestra pruebas que lo respalden. "Hermano usted sabe que tenemos una Ley que la tierra indígena no se vende, no se graba, no se compra, pero los líderes han sobrepasado… El mismo Brooklin Rivera ha vendido tierra, Carlos Alemán ha vendido tierras. Hay documentos en nombre de esos señores…”, afirma.

Desde Onda Local hemos intentado conocer la versión del diputado de YATAMA, Brooklin Rivera y el coordinador del Gobierno Ragional, Carlos Alemán, pero no respondieron.

Y aunque la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, Ley 445, de 2002, reconoce los derechos de las comunidades indígenas sobre los territorios, la violencia a raíz del conflicto de tierra, no se detiene, relata Amador Francis.

“En 2017, ocho de marzo, yo estoy trabajando en la vega del Río Wawa… Nos cayeron otras tropas de colonos y nos dispararon señores… Entonces tuvimos que defender nuestra vida para poder salir de esa situación. Yo disparé… sí… entonces viene en voz alta gritando, aquí andamos cazando… Mire señores, le digo yo también, con voz alta, aquí no te pertenece nada señores, pueden retirarse de la zona… Entonces ahí pasé desde las 2:45 hasta las 5:45. Desde el 2014 a 2017 tres enfrentamientos me ha pasado en mis propios terrenos de siembro. Andan agresivos por las tierras indígenas y acabar con nosotros”.

A juicio de Sarahína Eliseo Lenche, comunitaria de Francia Sirpi, la violencia generada por el conflicto de tierras, impacta negativamente la economía de las personas en las comunidades. “Las mujeres contribuimos en la producción, en el trabajo de las parcelas, en la siembra de frijoles, arroz y tubérculos. Estamos pasando un problema, los productos agrícolas, eran una fuente de comercio que se trasladaba a Puerto Cabezas; y ese centavo que se ganaba era para la subsistencia de la familia y muchas veces el pago de la escuela”, menciona.
 
Pero la violencia también ha influido en que mucha gente haya migrado a Waspam, Puerto Cabezas y Honduras, tal y como menciona Bruna Kiana Vicente, de la comunidad La Esperanza. Asegura que aunque en los años ochenta ya habían vivido una guerra, había pasado mucho tiempo desde que escuchó disparar un tiro. Relata que en 2015, los colonos habían rodeado su comunidad y las mujeres y niños se desmayaban, obligando a madres a tomar a sus hijos para cruzar a Honduras. Aquellas madres que no tenían pipante (bote), hasta pasaron nadando con sus hijos en el río.
 

Fue doloroso porque nosotras hemos sentido en el corazón esa amargura que nos han puesto, porque algunas comunidades hondureñas no quisieron recibirnos. Teníamos que andar humillándonos y nos hemos sentido abandonados”. - Abandonados por ¿quién o quiénes? - “la policía y el ejército han dicho que el gobierno no ha dado autorización para que ellos se metan en este asunto. Por eso mi pueblo se organizaron para hacer el autosaneamiento, porque tiene que defender la comunidad”, agregó.

Alex Fernández, alcalde del municipio de Waspam, analizó que “la cosa” (conflicto por las tierras) está un poco calmada, aunque reconoce que es relativa y no es sinónimo de que la situación se va resolviendo. “Por un lado, la parte internacional vemos que siempre está ese proceso de protección a más comunidades y a nivel de las comunidades está la incertidumbre”, manifiesta. - ¿Pero qué ha hecho el gobierno local para contribuir a la solución del conflicto? - A juicio del edil miskito, desde inicios del conflicto, era requerida una comisión de alto nivel. Afirmó que  hace meses ha recibido llamadas por parte de los líderes de los colonos “pero estamos viendo que no sólo como autoridades municipales podemos dar respuesta a eso. Estoy esperando que El Estado tome cartas en el asunto”, concluyó.

 

Batalla legal en búsqueda de justicia

El 20 de octubre de 2015, el 156 Periodos de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, acogió la participación del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDHCAN. En boca de su presidenta Lottie Cunningham, la entidad de derechos humanos denunció al Estado de Nicaragua por incumplir la Ley 445, de régimen de propiedad comunal, en lo referido al proceso de saneamiento, lo cual supone la dilucidación de los derechos de las comunidades indígenas frente a terceros o colonos que alegan haber adquirido legalmente propiedades dentro de los territorios ancestrales.
Bajo este contexto, desde 2014 se ha generado un incremento de la violencia por la disputa del territorio indígena. Así lo explicó Lottie Cunningham:

La versión del Estado de Nicaragua, referido a los conflictos en las comunidades indígenas y afrodescendientes vinculados a problemas de propiedad, fue abordada en parte por Javier Morazán, Director de la Unidad Contra Delitos del Crimen Organizado, del Ministerio Público de Nicaragua. Morazán manifestó que la posición de Nicaragua se basa en datos de La Policía Nacional, la cual informa que la violencia, ocupación o desplazamiento, responden a denuncias que se originan de conflictos familiares, herencia, propiedad y rencillas personales, violencia intrafamiliar, violencia cometida bajo la influencia de estupefacientes, bandas de asaltantes dedicadas al abigeato y otros delitos comunes.

A continuación, fragmento de la comparecencia del representante del Estado de Nicaragua, durante el 156 Periodos de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH:

El desinterés mostrado por el gobierno de Nicaragua, evidencia una actitud racista hacia el pueblo miskito, interpreta el defensor de derechos humanos Lamberto Chow.  "Somos miskitos y para mí, el Gobierno de Nicaragua es racista. Yo recuerdo en los años 88 y 89, (Daniel) Ortega venía aquí a Waspam a cada rato porque quería ser presidente”, afirmó Chow, aunque, después que Daniel Ortega llegó al poder, se olvidó del pueblo indígena; y un ejemplo es que en Managua hay tantas viviendas dignas, pero en la Costa Atlántica no hay viviendas dignas, sostuvo.

A lo expresado por Lamberto, se suman otra cantidad de necesidades como la educación y la salud en las comunidades. Ramos Astin Brown, uno de los líderes del Territorio Wangky Twi Tasba Raya, explicó que en sus comunidades, se necesitan psicólogos para atender a las personas, quienes han visto alterados sus nervios por las detonaciones de balas y el acoso incesante de los colonos en sus territorios. El Estado de Nicaragua es el responsable de esta situación, agregó Ramos. “Consecuencia a esta invasión, el Estado de Nicaragua tenía la facultad de hacer el saneamiento, que es la quinta etapa de demarcación. Pero por no hacer este trabajo, nosotros nos hemos metido en complicaciones”.

La violencia generada por el despojo de las tierras indígenas y el desentendimiento gubernamental, hacen más compleja la vida de las y los indígenas del Caribe Norte. Un territorio con altos niveles de violencia en contra de las mujeres, que se manifiesta principalmente en femicidios, violencia sexual y muertes maternas. Y que por otra parte los recursos naturales del territorio, son un blanco para los intereses extractivistas del gobierno de Nicaragua. 

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