Vidas y resistencias de las mujeres ante la minería

Autor: Julio López | 3 Febrero 2016 10:48 a.m.

Según datos de la Cámara Minera de Nicaragua, CAMINIC, se explora y extrae recursos metálicos y no metálicos en aproximadamente el 15 por ciento del territorio nicaragüense. A su vez, la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Gobierno de Nicaragua, PRONicaragua, en 2011 presentó el documento “Descubre las oportunidades de la minería en Nicaragua”, indicando que más de la mitad de la superficie del país está disponible para concesiones mineras.

El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2016, del Gobierno de Nicaragua, establece que “el impacto positivo de la producción minera en la economía nacional y su crecimiento sostenido, ha impulsado el diseño de la estrategia de desarrollo para la extracción, transformación, separación y refinación de la minería en aras de estimular su explotación, facilitar su desarrollo y generar recursos que contribuyan al desarrollo del país”.

Aunque la producción y exportación de oro ha disminuido en los últimos dos años, sigue siendo uno de los principales rubros de exportación del país.

La explotación minera, principalmente a cielo abierto, implica altos costos en lo ambiental y lo social; siendo la contaminación de las fuentes de agua, la pérdida de la biodiversidad y la depredación de bosques algunos de sus efectos más visibles, además del empobrecimiento y violaciones a los derechos humanos.

La empresa minera B2Gold, de capital canadiense, ha expresado que su actividad es responsable y amigable con el ambiente. Pero, para la especialista e investigadora, Tania Sosa, no hay manera que sea sostenible; porque para extraer un gramo de oro destruyen ecosistemas, ríos y bosques.  “No existen formas de explotación minera que sean sostenibles, ni ambientalmente amigables, ni minería verde como le han querido llamar. Cualquier forma de explotación minera implica altos impactos ambientales, contaminación que quedará por millones de años para poblaciones que ya no van a tener agua y suelos fértiles”, aseguró.

Uno de los problemas más frecuentes es la contaminación de ríos con metales pesados y productos químicos –cianuro, mercurio y arsénico- que pueden ocasionar problemas de salud a quienes viven en zonas mineras, fundamentalmente a mujeres.

Para la médica e investigadora feminista, Ana María Pizarro, el resultado más directo es la contaminación del agua, y las mujeres están en permanente contacto con el agua por las tareas domésticas que les han asignado. Agregó que la mayoría de los químicos utilizados en la industria minera afectan el sistema nervioso, hígado, riñones, pulmones, y pueden ocasionar malformaciones congénitas y problemas de esterilidad.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que “el mercurio puede ser mortal por inhalación y perjudicial por absorción cutánea. Los efectos adversos de la exposición al mercurio pueden ser temblores, trastornos de la visión y la audición, parálisis, insomnio, inestabilidad emocional, deficiencia del crecimiento durante el desarrollo fetal, problemas de concentración y retrasos en el desarrollo durante la infancia”.

Lorena Cabnal, de Guatemala, planteó en la “Cadena Radial: Vivencias y resistencia ante megaproyectos en Centroamérica”, organizada por Onda Local, que el impacto de la minería en la vida de las mujeres es complejo y no se puede desvincular del contexto estructural y patriarcal que ha prevalecido históricamente.

Según Cabnal, existe una re-configuración del modelo económico patriarcal–capitalista, que afecta la vida de las mujeres en su integralidad y profundiza el efecto del empobrecimiento en ellas.

En la lucha contra la minería, las mujeres han mantenido un rol protagónico, se han movilizado para defender sus derechos.

No cedieron ni un tajo del rancho

En el municipio de Rancho Grande, al norte de Nicaragua, miles de mujeres y hombres conscientes de los efectos de la minería en su salud y en el ambiente, se pusieron en marcha para defender, lo que consideran, sus mayores tesoros: los bosques, los ríos y sus tierras.   

En octubre de 2011, la B2Gold publicó en diversos medios de comunicación, que había obtenido la “licencia social” de la comunidad para iniciar las labores de extracción de oro. La reacción fue una marcha multitudinaria rechazando las afirmaciones de la empresa.

La organización fue espontánea, crearon el Movimiento Guardianes del Yaoska. A la lucha se sumaron líderes comunitarios, docentes, organizaciones sociales, ambientalistas y feministas de los municipios de Matagalpa y Rancho Grande.    

Marchas, plantones, denuncias en medios de comunicación, foros, talleres y teatro fueron algunas de las herramientas utilizadas para concientizar a la ciudadanía de los efectos negativos de la minería.    

A juicio de Juana Loáisiga, líder comunitaria de Rancho Grande, con la explotación minera “escarban la tierra a diestra y siniestra, derraman líquidos para extraer el oro, que se infiltra en la tierra y en las aguas. La fertilidad de la tierra se muere y esa tierra no sirve para cosechar”. Esas son razones suficientes para rechazar la minería en Rancho Grande, explicó.  

El 12 de octubre de 2015 -Día de la resistencia indígena, negra y popular-, la secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó la decisión del Gobierno de Nicaragua de cancelar la concesión minera en Rancho Grande.  

Pero, contrario a lo expresado por Rosario Murillo, en Rancho Grande para nadie es un secreto que las y los funcionarios públicos defendían a capa y espada el proyecto minero Tajo Pavón. Cuando se les cuestionaba, expresaban que por orden de arriba, debían trabajar a favor de la minería; y quien se opusiera iba corrido. La decisión del gobierno fue después de una multitudinaria marcha de la población de Rancho Grande, el 03 de octubre de 2015; y a las puertas de un año electoral.

La cancelación del proyecto no fue fácil. La movilización pacífica de las y los pobladores del lugar fue reprimida varias veces por la Policía Nacional.

Desplazamiento en Santo Domingo  

Las razones que aFoto: Onda Local dujo el Gobierno de Nicaragua para declarar no viable la explotación minera en Rancho Grande, pueden aplicarse en el municipio de Santo Domingo. Acá está en peligro la principal fuente de agua del municipio; y un barrio es desplazado paulatinamente sin que ninguna autoridad preste atención al clamor de varias familias.    

Para Maristella Svampa, el neoextractivismo “instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas y violentando procesos de decisión ciudadana”.

Lo señalado por Maristella, es precisamente lo que ocurre en Santo Domingo. Sus  cerros ricos en minerales están quedando desérticos. En el barrio Jabalí La Antena, varias familias se resisten a ser desplazadas por la minera B2Gold.

                  

La lucha del barrio Jabalí La Antena, logró apoyo parcial del Concejo Municipal de Santo Domingo, que en la sesión del 21 de septiembre de 2015, se comprometió a no ampliar las dimensiones del tajo Jabalí la Antena, sin que antes la minera Desminic (subsidiaria de B2Gold) hubiera negociado en su totalidad con las cuarenta y seis familias afectadas, y mientras no se realice un estudio hidrológico para la protección del Túnel El Azul.

Criminalización de la protesta

La policía  ha reprimido y desarticulado marchas contra la minería, criminalizando la resistencia ciudadana frente a los proyectos extractivos. Los hechos hablan por sí solos.

El 13 de agosto de 2014, personas provenientes de los municipios de Waslala (Costa Caribe Norte), Rancho Grande (Matagalpa), Santo Domingo (Chontales), San Lorenzo (Boaco) y Mina El Limón (León), fueron impedidas de trasladarse a Managua para participar en una caminata contra la minería.

Ese día, se realizaba en la capital del país, el “Primer Congreso Internacional de Minería” organizado por la Cámara Minera de Nicaragua con patrocinio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), PRONicaragua y la empresa B2Gold.  

El caso más reciente, en Mina El Limón, provocó enfrentamientos entre la policía y la población, dejando personas heridas de ambos lados y líderes sindicales detenidos, mientras otras huyeron de la persecución policial, incluyendo mujeres. La protesta y la represión conllevaron a que las mujeres se enfrentaran posteriormente con la policía nacional.

La minería ha reconfigurado formas muy profundas en las condiciones de vida de las mujeres en los ámbitos económico, político, social y comunitario. Ha implicado no sólo el despojo de sus tierras y de sus territorios, sino la contaminación de suelos y ríos.

Ninguna comunidad ubicada en una zona minera, ha salido de la pobreza. Que haya oro en los territorios, no garantiza desarrollo, más bien, las empresas saquean el oro y las comunidades se quedan contaminadas y con severos problemas de salud.  


Esta investigación fue realizada en el marco del "Diplomado Periodismo, Social Media y Marketing Digital", impartido por la Universidad Centroamericana con el auspicio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.